Nicaragua sin mejorías en materia de DDHH, destaca informe del Departamento de Estado

El Departamento de Estado de los Estados Unidos no registró “cambios significativos en la situación de derechos humanos en Nicaragua” durante el año 2023, según reflejó la entrada del país en el Informe internacional de prácticas de derechos humanos para ese año, publicado este martes, 23 de abril.

El apartado del informe sobre Nicaragua recopila para 2023 una amplia lista de abusos ya presentes desde que, en abril de 2018, estallase una crisis sociopolítica derivada de la represión del régimen sandinista de Daniel Ortega.

Entre tales abusos se cuentan “ejecuciones arbitrarias e ilegales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por guardias carcelarios o agentes parapoliciales“, entre muchos otros atentados contra la dignidad humana.

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El informe destacó a su vez que “el gobierno no tomó acción para identificar y castigar a los oficiales que cometieron abusos contra los derechos humanos“.

También se denunció la existencia de grupos parapoliciales, a los cuales se definió como “unidades no uniformadas, armadas y enmascaradas con entrenamiento táctico marginal y una jerarquía difusa que actuaron en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno y respondían directamente a la Policía Nacional de Nicaragua“.

Estos individuos fueron identificados como allegados del régimen de Ortega y el informe los señala como responsables de “una política de acoso, intimidación y violencia contra aquellos percibidos como enemigos del régimen, tal como excarcelados políticos, grupos de oposición pro-democracia, defensores de derechos humanos, líderes del sector privado, clérigos (sobre todo católicos) y otros agentes religiosos”.

Otras situaciones resaltadas por el informe fueron el extendido uso de la violencia de género, incluyendo el feminicidio, como método para presionar a aquellos percibidos como enemigos del régimen, así como violencia y amenazas contra miembros de grupos étnicos y pueblos indígenas, que recientemente vieron su autonomía anulada en unos comicios altamente irregulares.

Prácticamente ninguna demografía ha quedado exenta de la represión sandinista, pues el informe resalta violaciones contra personas de la comunidad LGBT, atentados contra la libertad de los trabajadores, organizaciones de la sociedad civil (más de 3 mil han sido clausuradas) y periodistas.

Pero, además, el régimen ha impedido que organizaciones internacionales y locales de derechos humanos trabajen para castigar y enmendar estos abusos. “Las organizaciones humanitarias enfrentan negativas de reingreso y obstáculos a sus operaciones” en el país, como lo son el acoso y la intimidación, por lo cual deben trabajar desde fuera, lo que dificulta la documentación de estos abusos.