Régimen de Nicaragua utiliza desaparición forzada como arma contra presos políticos, denuncia informe

Un nuevo informe de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) detalla nuevos patrones de represión en contra de los presos políticos del régimen sandinista de Daniel Ortega, enfocándose en el periodo entre agosto de 2023 y enero de 2024.

“Desapariciones forzadas, interrogatorios conjuntos, juicios por videoconferencias y plaga de jelepates en las prisiones” fueron las principales denuncias de la UDJ. En Nicaragua todavía hay más de un centenar de individuos cumpliendo prisión por motivos políticos.

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“Las personas detenidas arbitrariamente son trasladados a la estación policial del Distrito III, en Managua, solamente por unas horas o pocos días, para ser trasladados directamente al Sistema Penitenciario sin haberse presentado de previo formal acusación en su contra“, denunció la entidad con “especial énfasis”.

“Los detenidos ahora son interrogados y torturados en el Sistema Penitenciario, a diferencia del patrón anterior en el que la policía era únicamente la que ejecutaba estos actos represivos. Actualmente, se identificó una participación coordinada entre interrogadores del Sistema Penitenciario y agentes de la Policía Nacional“, agrega el informe.

Mientras ocurre todo eso, los familiares son mantenidos en total oscuridad sobre el paradero de sus familiares encarcelados, lo que según la UDJ califica como “desaparición forzada“, un crimen de lesa humanidad según el artículo 5 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2010), de la cual Nicaragua es firmante.

Tales casos se han vuelto particularmente graves y comunes, como ocurrió con Brooklyn Rivera, ex diputado y líder indígena desaparecido el 29 de septiembre luego de haber sido capturado por agentes de la Policía Nacional. En esa misma situación se encuentran los presos políticos Freddy Quezada (29 sept. 2023) y Carlos Bojorge (1 ene. 2024).

“Las autoridades han negado dar información sobre el paradero fidedigno de ellos. Se ha impedido toda comunicación entre los detenidos y sus familiares o abogados. De tal manera que no se tiene certeza de sus condiciones de detención, ni constatación de su estado de salud y vida“, acusó la UDJ.

Y para perpetuar las desapariciones, otras instituciones estatales, como la Defensoría Pública y la Fiscalía, colaboran alegando “desconocer las detenciones y/o no tener acceso a los expedientes de las personas. Para cerrar el círculo de vejaciones, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos rechazan recibir las denuncias de los familiares sobre la situación en la que se encuentran las personas detenidas por razones políticas“, añade el texto.