CIDH extiende medidas cautelares a presos políticos en Nicaragua
Eddy Antonio Castillo Muñoz, Nelly Griselda López García y Juan Carlos Baquedano son los 3 opositores que recibieron las medidas cautelares de la CIDH.
Juan Carlos Baquedano, uno de los beneficiados por las medidas cautelares de la CIDH, ya había cumplido un año de prisión injustamente en 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a los presos políticos nicaragüenses Eddy Antonio Castillo Muñoz, Nelly Griselda López García y Juan Carlos Baquedano, “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
La entidad dio a conocer su decisión el pasado sábado, 2 de marzo, respondiendo a una solicitud que presentaba la situación de las personas detenidas por el régimen sandinista. Castillo, de 43 años, y López, de 41, fueron detenidos el 16 de abril de 2023, según datos del más reciente informe del Mecanismo para el reconocimiento de los presos políticos de Nicaragua.
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Baquedano, de 65 años, fue detenido en agosto de 2023 y ya había sido preso político en 2018, en el marco de las protestas masivas contra el régimen sandinista, pero fue excarcelado con la controvertida ley de amnistía de 2019 casi un año después de su primera detención.
La Policía sandinista entonces lo acusó de “asesinato, portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones, terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos y secuestro simple“.
Los detenidos permanecen “privadas de su libertad en distintos centros penitenciarios en condiciones inadecuadas de detención, sin recibir la atención medica necesaria para tratar sus padecimientos y siendo objeto de agresiones“, según reconoció la CIDH.
De tal manera la CIDH exige al Estado nicaragüense que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud”, así como:
- se garantice que no sean objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o agresiones dentro del centro penitenciario;
- se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud;
- se otorguen los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos;
- se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares y representantes legales, y se evalúe la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la privación de la libertad dada la imposibilidad de proteger sus derechos a la luz de las actuales condiciones de detención.
Más de un centenar de individuos cumple prisión por los designios políticos del régimen sandinista, aunque sólo 89 figuran en los datos más recientes del Mecanismo pues muchos familiares de presos políticos temen ser víctima de represalias o empeorar la situación de los reos de consciencia al acudir al organismo de monitoreo independiente.
