Menores quedaron desprotegidos en Nicaragua en 2023, denuncia informe

El más reciente Informe sobre prácticas de derechos humanos (2023) del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha delineado una serie de carencias en cuanto a los esfuerzos del gobierno de Nicaragua, ocupado por el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre los que se señalan la falta de información en cuanto a la protección de niñas y adolescentes.

El régimen a nivel general no ha aplicado sus propias leyes de protección a la niñez, en particular aquellas referentes a matrimonios forzados de menores de edad (en Nicaragua pueden casarse desde los 16 con autorización parental) y explotación sexual infantil (estupro y trata), según encontró el informe.

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Se destaca además el hecho de que Nicaragua fue un destino popular en turismo sexual, como lo ha sido desde hace tiempo en ausencia de medidas preventivas y de persecución de los delitos relacionados a la trata. En el país, un total de 4394 instancias de violencia sexual en contra de menores de hasta 17 años se registraron en 2023, unos 202 casos más en relación al año anterior.

Los datos del Instituto de Medicina Legal (IML) de Nicaragua apuntan a que, en Nicaragua, más del 80% de toda la violencia sexual ocurre en menores de edad y de estos casos, la amplísima mayoría de las víctimas (cerca del 86% para 2023) son niñas y adolescentes mujeres, mismo caso que la violencia sexual a nivel general.

El régimen no sólo no ha tomado las acciones necesarias para combatir estos abusos, sino que también tomó acción contra grupos que trabajan abordando dichas problemáticas. “El gobierno siguió cancelando el registro de ONGs que trabajan en favor de los derechos de las mujeres, incluidas nueve cancelaciones” en 2023, denuncia el texto.

Anarquía en el agro

“Hubo reportes creíbles de matrimonios de menores forzados en algunas comunidades rurales indígenas“, detalla el informe. Aún así “no hay información disponible sobre los esfuerzos del gobierno para abordar o prevenir” la problemática ni tampoco estadísticas actualizadas sobre qué tanto proliferan en el país.

Los problemas de infraestructura son visibles también en el hecho de que “el registro (civil) en zonas rurales fue inadecuado… y el gobierno no tomó medidas para resolver las carencias, lo que resultó en un creciente número de personas de facto apátridas, sin documentos que prueben su ciudadanía ni la capacidad de obtener cédulas de identidad“, señala el informe.

El problema de la falta de registros en las zonas rurales a raíz de infraestructura carente no se ve en Nicaragua desde tiempos de la dictadura somocista. Aunque el régimen se plantea realizar un censo este año, han pasado 16 años en los que no hubo esfuerzos significativos de parte del gobierno sandinista para actualizar los registros estatales, sin que se brindase alguna explicación oficial.