Movimiento feminista sofocado por la represión del régimen

La pesada mano del gobierno, que a través de leyes arbitrarias y la pura violencia ha logrado desarticular a las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, ha prácticamente extinguido el activismo feminista

Hace más de dos años que ninguna manifestación feminista ha podido expresar las demandas de las mujeres nicaragüenses y a cinco años de iniciada la crisis de abril de 2018, progresivamente las expresiones de protesta de distintos colectivos se fueron extinguiendo.

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“No existe ya la presencia y reconocimiento público” que una vez tuvo el movimiento, confesó a República 18 la abogada penalista y feminista Eylin Cruz. “Las organizaciones que se han exiliado siguen trabajando pero de una manera mucho más limitada; el hecho de encontrarse en el exilio limita que las personas puedan seguir haciendo incidencia hacia lo interno” añadió.

Leyes como armas

Como abogada, Cruz señala principalmente la manera en que la ley se utilizó para extinguir al feminismo, que se nutría del trabajo de organizaciones no gubernamentales que recibían financiamiento de la cooperación extranjera.

“Desde la creación de las leyes represivas, por un lado la Ley de Ciberdelitos, que no permite emitir ninguna opinión a través de las diferentes formas de tecnologías de la comunicación; y la Ley de Agentes Extranjeros, que fiscaliza de manera irregular y arbitraria la conformación de cualquier tipo de ONGs, en el caso de las mujeres se ha violentado la capacidad de organizarse y de ejercer y respetarse sus derechos”.

Luego del cierre de varias ONGs feministas en 2022, incluso las movilizaciones de jóvenes estudiantes en la Universidad Centroamericana, de las últimas en realizarse, cesaron una vez las organizaciones de la sociedad civil fueron clausuradas.

Servicios de salud reproductiva, refugio para víctimas sobrevivientes de violencia de género, apoyo financiero y educativo para mujeres campesinas, son algunas de las asistencias que desaparecieron con estas organizaciones, sin que el Estado asumiera o pudiese asumir la responsabilidad de atender a esas poblaciones.

Ausencia sentida

Ante la falta de organizaciones defensoras han ocurrido ya 37 feminicidios en territorio nacional, a la vez que severas faltas a la protección de la mujer siguen sin considerarse al momento de la elaboración de políticas públicas.

Todavía la Ley 779, la Ley integral contra la violencia hacia la mujer, se ve truncada por una serie de reformas que derrotan su propósito, borran feminicidios por medio de definiciones y obligan a las mujeres a “mediar” con sus agresores.

Según el más reciente anuario estadístico de la Policía Nacional, correspondiente al año 2021, en el país se registraron más de mil casos de abuso sexual y otras mil violaciones, de las cuales 551 se perpetraron contra menores de 14 años. El Instituto de Medicina Legal, que al igual que la Policía no actualiza sus informes desde 2021, registró casi 4 mil instancias de abuso sexual contra menores ese mismo año, 87% de las cuales eran de sexo femenino.

“Veo que existe un fuerte detrimento porque lo que se necesita es la defensa activa de los derechos de las mujeres y ahora las víctimas de la violencia dentro de Nicaragua no tienen a nadie que las pueda apoyar, dirigir ni representar” explicó Cruz, lamentando que por ello “las mujeres van perdiendo espacio debido a la ausencia de movimientos y organizaciones de mujeres”.

“La raíz de esto es toda la persecución del gobierno, las detenciones arbitrarias, las leyes represivas” concluyó.