Destituyen a ministra de la mujer en medio de una crisis por oleada de feminicidios

La vicepresidente y vocera del gobierno sandinista, Rosario Murillo, destituyó a Jessica Yaoska Padilla Leiva, ex-dirigente de la Juventud Sandinista y jefa del Ministerio de la Mujer, transfiriéndola a un puesto diplomático en República Dominicana, en medio de una crisis de atentados violentos contra mujeres que ya ha dejado más de 35 muertes.

Según anunció Murillo en su alocución del pasado martes, 14 de mayo, el Ministerio de la Mujer será asumido por Tamara Vanessa Martínez, tras la gestión de más de 4 años de Padilla. Pero la crisis será abordada a través de un “Consejo Nacional de la Mujer” coordinado directamente desde la presidencia.

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Murillo introdujo dicho Consejo el pasado 8 de mayo luego de que se registrasen 4 feminicidios en menos de 24 horas en el territorio nacional. En lo que va del año, el Observatorio contra la violencia de la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) ha registrado 34 de estos asesinatos, el más reciente ocurrido el propio martes en Nueva Guinea.

“Estamos trabajando ya para un plan especial desde el Instituto de la Mujer, desde las Comisarías de Mujer, trabajando para ver cómo incidimos más en la vida cotidiana”, fue la respuesta de la vicepresidente. En el Consejo que plantea Murillo hacen intersección la Procuraduría General de la República, los ministerios de la Mujer, de Educación, de Salud, de Juventud y la Policía Nacional a través de las comisarías de la mujer.

Murillo también aseguró que trabajará con “movimientos sociales, estudiantiles y laborales”, a pesar de que el régimen sandinista del presidente Daniel Ortega, su esposo, ha sido responsable por la cancelación de más de 3 mil organizaciones no gubernamentales, sobre todo organizaciones religiosas, de mujeres y estudiantes, así como de la sumisión de los sindicatos.

Prácticamente desmantelado en Nicaragua, el movimiento de mujeres nicaragüenses continúa operando en el exilio de distintas formas. En la imagen, mujeres nicaragüenses marchan en Costa Rica por sexto año consecutivo. Foto: República 18

Inconsistencia contra violencia

La socióloga feminista María Teresa Blandón considera que, desde el régimen sandinista, se ha tolerado la difusión de “discursos muy conservadores que apelan a la unidad familiar”, pero que en verdad, con participación del Estado, están encaminados a inculcar en las mujeres “silencio para que no denuncien y obediencia para que toleren toda clase de abusos”.

“(El Estado) no coloca el foco donde debe ser, no proporciona a las mujeres ni los conocimientos, ni los recursos, ni las herramientas para que ellas conozcan y defiendan sus derechos“, lamenta la experta. Pero también considera que es un asunto de voluntad política agravado por una carencia de recursos.

Eso ha causado que las estrategias que el régimen pretende aplicar para reducir los feminicidios no sean consistentes ni tengan el alcance necesario. Las Comisarías de la Mujer, por ejemplo, son en teoría espacios para que las mujeres puedan denunciar abusos en su contra, pero estos no han sido constantes.

En 2016 fueron descontinuadas por el régimen sandinista sólo para ser reinstaladas progresivamente a partir de 2020. Actualmente, Blandón sólo ve en ellas poco más que oficinas que no logran ni la mitad de lo que la sociedad civil, previo a las cancelaciones masivas, era capaz de organizar.

Organizaciones feministas han señalado que en su forma actual no logran su cometido e incluso, considerando la manera en que está estructurada la legislación, podrían hasta poner en peligro a las víctimas.

Políticas contraproducentes

Además de la inacción, el régimen sandinista ha implementado una serie de políticas directamente contraproducentes con su deber en la protección de los derechos y la vida de las mujeres. Quizá el caso de mayores implicaciones hayan sido las reformas a la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres.

Tres reformas sustanciales recibió la ley. La primera, introducida por la Asamblea Nacional en septiembre de 2013, trajo consigo el concepto de mediación entre la víctima y el agresor, defendido con el antes mencionado concepto confuso de “unidad familiar” que el régimen emplea como filosofía de sus políticas familiares.

Al año siguiente, dos decretos presidencial limitaron además el delito de feminicidio al ámbito de pareja, un cambio que severamente reduce la percepción del delito de feminicidio en cifras oficiales, a menudo muy por detrás de conteos independientes como el de CDD.

Un reo excarcelado hace un gesto común de la ideología sandinista. Foto: Medios oficialistas

También bajo esa filosofía de la “unidad familiar”, el régimen sandinista ha liberado a más de 35 mil reos comunes en los últimos 6 años, muchos de los cuales, según han revelado investigaciones independientes, han reincidido en sus delitos.

El medio feminista La Lupa documentó a detalle en enero de 2021 casos de reos condenados por asesinato y feminicidio frustrado, violación y violación agravada, quienes fueron liberados bajo el régimen de convivencia familiar. La última liberación tuvo lugar el pasado 19 de abril; la próxima está programada para el 29 de mayo, en “saludo” al día de las madres en Nicaragua.

El régimen sandinista no proporciona información sobre el seguimiento (si es que proporciona alguno) a estos reos, por lo que es difícil estimar el impacto que tiene en la criminalidad. Pero un estudio de la encuestadora internacional Cid Gallup, apunta a que Nicaragua es el país con más robos y asaltos en Centroamérica, el tercero en toda la región.