Liberación de reos comunes el 19 de abril: un ataque contra las mujeres y la memoria

El Ministerio del Interior (MININT), bajo control del régimen sandinista de Daniel Ortega, liberará a 1500 presos comunes el 19 de abril, segundo día del aniversario del estallido social de 2018, cobijados por el “régimen de convivencia familiar” en las localidades de Tipitapa, Matagalpa, Granada, Juigalpa, Estelí, León, Chinandega y Bluefields.

La medida había sido anunciada por la vicepresidente y vocera del gobierno, Rosario Murillo, el pasado 11 de abril, una práctica periódica que las autoridades sandinistas llevan aplicando en los últimos años. Sin embargo, la fecha no parece casual considerando otras formas simbólicas en las que Murillo, según la oposición, ha tratado de borrar la memoria del estallido social.

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Los esfuerzos para borrar los acontecimientos de 2018 tampoco son recientes. En 2023, Murillo declaró el 19 de abril “día nacional de la paz”.

Para la activista de Derechos Humanos y defensora de mujeres en condiciones de violencia, Jeanette Chávez Mejía, miembro del Colectivo 8 de Marzo, “la naturaleza de esta dictadura es violar: viola derechos, viola mujeres; definitivamente (Ortega) se refleja en los delincuentes que saca de las cárceles“.

“Estas liberaciones masivas tienen dos connotaciones: primero como intimidación, haciéndose con gente violenta como un ejército paralelo a las autoridades; la otra es demostrar a la población que prefieren tener delincuentes en las calles y no gente pensante”, teniendo en cuenta que aún en Nicaragua hay un centenar de presos políticos en condiciones infrahumanas.

2018: un desafío

Para Chávez esto es consistente con “la agenda de represión contra la población opositora” y un ataque directo a la memoria del estallido social de 2018, puesto que “las protestas de 2018 buscaban realizar cambios sustantivos en la manera en que se toman las decisiones para con la población“, un desafío a ojos del régimen sandinista.

La narrativa del régimen sandinista es que las protestas y gestos de desobediencia cívica en 2018 fueron un “intento de golpe de Estado“, un relato que no se acopla a los hechos y que es rechazado por la amplia mayoría de la comunidad internacional y organismos supranacionales y no gubernamentales. Pero es el discurso que el régimen utiliza para justificar sus abusivas políticas de seguridad.

Reos comunes celebran su excarcelación. Foto: Medios Oficialistas

Chávez señaló las irregularidades en el proceso de decisión de las liberaciones, denunciadas por colectivos locales. Una investigación del medio feminista La Lupa corroboró el incumplimiento del mínimo de la condena necesario para beneficiar a estos convictos con la liberación anticipada.

“Buscan hacerse con agentes leales para luchar contra la población opositora y posibles disidentes” en un modelo parapolicial exhibido durante el auge de la represión en 2018. Desde entonces, más de 20 mil reos comunes han sido liberados por el régimen sandinista. Chávez reitera que las mujeres son las principales víctimas de esta medidas.

“La liberación de delincuentes, algunos violadores, abusadores y personas definitivamente peligrosas, afecta primero a quienes los reciben en casa. No me imagino cómo se puede sentir una madre o una mujer que ha sido lastimada o violada, violentada, al ver a su agresor salir así por así, sin ningún reparo, más bien como un premio“, lamentó Chávez.