Seis años después, Murillo presenta supuesto “recuento de daños” de las protestas de 2018
Murillo presentó, además de sus improperios habituales, una lista de supuestos daños de las protestas antigubernamentales de 2018.
Los datos que Murillo presentó han sido refutados ampliamente por organismos internacionales.
La vicepresidente y vocera del gobierno, Rosario Murillo, alegó que las protestas antigubernamentales de 2018, exactamente 6 años después de ocurridas, costaron al país 206 millones de dólares en daños, durante un discurso hostil pronunciado contra la oposición en medios oficialistas este viernes, 19 de abril.
En “la destrucción de un país“, según Murillo, fallecieron 198 ciudadanos, 22 de los cuales eran agentes de policía. Según los datos que proporcionó, el gobierno registró 1240 armas de fuego, 140 contra agentes policiales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no sólo contradice estos números, posicionando el conteo real de víctimas en 355, sino que además responsabiliza al gobierno sandinista por la muerte de 21 agentes de policía. Ese año también se documentaron instancias de represión contra desertores de la Policía Nacional.
Según Murillo, en el contexto de las protestas se registraron daños patrimoniales contra 18 instituciones de gobierno, entre ellas alcaldías municipales y 3 universidades, ascendiendo a un costo de 206.5 millones de dólares, 174.2 millones correspondientes a la destrucción de edificios, 84% de los cuales fueron daños totales.
“El secuestro del país”, refiriéndose a ‘los tranques’, las barricadas elevadas por manifestantes en carreteras y calles de todo el país, “provocó la destrucción de 140 995 empleos formales adscritos al INSS, y fueron ellos (los opositores) los responsables del empobrecimiento, unos 1.34 mil millones de dólares en flujo de inversión extranjera directa”, agregó.
Muchos de estos daños fueron, en realidad, daño colateral de las agresiones de agentes de la Policía Nacional y grupos paraestatales, como fue el caso de las destructivas ofensivas de la infame “Operación Limpieza” en Masaya y Carazo.
En base a estos datos la vicepresidente sostiene que “nadie en tiempos de paz nos ha hecho tanto daños. Esto expone que no hubo protesta pacífica, sino un intento de derrocamiento” del régimen sandinista.
Esta narrativa ha sido rechazada por diversos informes independientes, el más reciente elaborado por un equipo de expertos de Naciones Unidas, que encontró al régimen responsable de crímenes de lesa humanidad contra población civil.
En el sexto aniversario de la crisis sociopolítica, Murillo y el resto del gobierno sandinista continúa negando los delitos ampliamente documentados tanto por la oposición como por organismos independientes y la comunidad internacional.
