ONU acusa a la dictadura de Daniel Ortega de seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad en Nicaragua
El régimen sandinista “instrumentaliza los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para implementar un marco legal tendiente a reprimir” las libertades fundamentales.
Un grupo de expertos de la ONU acusó al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que constituyen “crímenes de lesa humanidad”, según un informe publicado este jueves, en el que también reclaman sanciones internacionales.
El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, divulgado en Ginebra, menciona ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.
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El experto independiente Jan Simon, citado en un comunicado, indicó que las violaciones de derechos en Nicaragua “se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos. Esto constituye crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”.
Un país atemorizado
“La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra”, señaló Simon. Y es que en Nicaragua se vive bajo un Estado represivo en donde cualquier intento de manifestación o crítica contra el sandinismo representa cárcel inmediata.
El Grupo de Expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas cívicas que fueron violentamente reprimidas y que dejaron un saldo de más de 350 asesinatos.
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El Grupo de Expertos de la ONU sostiene que los abusos en Nicaragua “no son un fenómeno aislado”, sino el fruto de un “desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.
Y es que desde diciembre de 2018, al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas. Asimismo, básicamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exilio.
Ortega instrumentaliza los poderes del Estado
El experto Simon acusó también al régimen de “instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para (…) implementar un marco legal tendiente a reprimir” las libertades fundamentales y “eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
Los expertos coinciden en que Daniel Ortega junto a su esposa, la vicedictadora Rosario Murillo, cometieron estos crímenes de lesa humanidad y continúan haciéndolo sobre la población.
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En el amplio informe, el grupo insta a la comunidad internacional a emprender acciones legales contra los responsables de esas violaciones y a incrementar las sanciones. Diferentes países democráticos han sancionado al régimen, a instituciones estatales y funcionarios públicos que han golpeado la base del poder.
Señalamientos a Policía y grupos armados
Simon puntualizó que el Estado y los individuos responsables de las violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, ya sea bajo el derecho internacional penal, la legislación nicaragüense o de terceros países.
El informe señaló que la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, de forma coordinada, incurrieron en un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2018, que se prolongaron por casi cinco meses. Unas muertes cuya investigación, dicen, obstruyó el régimen de Ortega.
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También acusa a agentes de la policía, funcionarios penitenciarios y a miembros de grupos armados progobierno de cometer actos de tortura, incluida la violencia sexual, durante los interrogatorios y la detención de opositores.
La experta Ángela María Buitrago, citada en el comunicado, denunció que “las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora”.
“Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos, artistas” y líderes opositores “se vieron obligados a abandonar el país”, dijo Buitrago.
