Exiliados nicaragüenses apelan al Poder Judicial de Costa Rica para evitar extradición de opositores
Ante la extradición de un opositor y el riesgo de extradición de un segundo, los opositores imploran al Judicial costarricense no proceder en casos que involucren al régimen sandinista.
Douglas Álvarez, preso político extraditado por las autoridades costarricenses a mediados de febrero.
Un grupo de exiliados nicaragüenses, opositores al régimen sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua, enviaron una carta abierta con fecha del 26 de febrero al Poder Judicial costarricense expresando la “preocupación que nos embarga” ante la extradición de un nicaragüense y la posible extradición de un segundo, ambos buscados por el régimen sandinista.
El primero fue Douglas Gamaliel Álvarez Morales, también identificado bajo los apellidos Pérez Centeno, quien fue puesto a disposición del régimen nicaragüense el pasado 16 de febrero.
Álvarez es señalado por el régimen sandinista de supuestamente asesinar a un agente de la Policía Nacional de Nicaragua en colaboración con el segundo opositor encarcelado, Reinaldo Picado Miranda, quien permanece en Costa Rica esperando resolución de su proceso.
Ambos fueron parte de la Resistencia Nicaragüense, conocida popularmente como la Contrarrevolución o simplemente “La Contra“, una amplia coalición de grupos armados que luchó contra la primera dictadura sandinista en la década del ’80 con apoyo estadounidense.
En su carta, los opositores enfatizan la participación de ambos “líderes campesinos y luchadores” en esa fuerza de resistencia. También destacan que Picado fue concejal liberal en el municipio Kukra Hill, en la Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua.
“Ambos dirigentes de oposición, así como centenares de miles de nicaragüenses, se involucraron en las manifestaciones de protesta en rechazo del régimen de Daniel Ortega en abril de 2018 y son víctimas de persecución de parte de la dictadura Ortega-Murillo“, expresa el documento.
#Nicaragua
Un grupo de nicaragüenses nos hemos unido para enviar una carta al presidente del poder judicial de Costa Rica, expresando la preocupación de miles de refugiados nicaragüenses por razones políticas, en su mayoria personas humildes, que se sienten amenazados por la… pic.twitter.com/OcqtV7FgLU— Medardo Mairena Sequeira (@MedardoMairena) February 27, 2024
También detalla que, “como consecuencia de la Operación Limpieza”, el operativo paramilitar a nivel nacional que puso fin a las protestas con fuerza mortal a mediados de 2018, “tanto Álvarez como Picado (este último llegó herido de bala) tuvieron que exiliarse en Costa Rica“.
En 2019 el Estado costarricense negó la solicitud de refugio de ambos, así como el asilo territorial de 2023, señala la carta. Esto fue confirmado a la prensa costarricense por el abogado de ambos, Dáguer Hernández, cuando se anunció la posibilidad de deportación de Picado el 20 de febrero.
El caso del profesor Putoy
Asimismo, la carta expone el caso de Gabriel Leónidas Putoy Cano, profesor de matemáticas oriundo de Monimbó y ex-preso político del régimen sandinista con orden de captura emitida el 20 de noviembre de 2023 en Nicaragua, por la jueza sandinista, María Auxiliadora Chavarría Fernández, del Juzgado I de Masaya.
Según la carta, los opositores cuestionaron a INTERPOL en San José sobre su caso y estos confirmaron la existencia de la orden de captura. Ante la situación antes expuesta de Álvarez y Picado, los opositores temen también por la seguridad del profesor Putoy.
“Pese a que por su condición migratoria de refugiado se le indicó a INTERPOL la no procedencia de la extradición, tal solicitud de parte del régimen sandinista le ha ocasionado la muerte civil“, explaya el documento.
“Estos casos constituyen una alerta para el resto de la comunidad nicaragüense en búsqueda de refugio en Costa Rica“, lamentaron.
En contraposición a la que consideran una “larga y generosa tradición costarricense” de solidaridad con los perseguidos políticos y refugiados, los opositores ahora perciben una peligrosa variación en estas extradiciones, considerando el serio riesgo de tortura en el que están los reos políticos del régimen sandinista, según documentan diversas organizaciones.
Los opositores imploran a la autoridad costarricense “detener las solicitudes de extradición enviadas por el servicio diplomático del régimen sandinista de Daniel Ortega, de sus instituciones policiales y militares, tanto las en curso como las que se presenten a futuro”.
