¿Qué se sabe del Centro de Capacitación ruso de la Policía en Nicaragua?

El Centro de Capacitación Profesional de la Policía (CCPP) en Nicaragua, recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fue inaugurado el 16 de octubre de 2017 supuestamente con el fin de “combatir el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones”.

El centro para entonces ya había estado operando, instruyendo a cerca de 270 individuos, de los cuales 180 eran nicaragüenses ligados a la Policía Nacional bajo control del régimen sandinista, incluyendo a 40 oficiales internos. Entonces, poco antes de desatada la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, la cooperación con la Federación Rusa se enmarcaba como parte de la estrategia del “muro de contención” contra el narcotráfico.

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Pero desde entonces las cosas han cambiado. A finales de febrero, el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Nikolai Patrushev, firmó dos acuerdos con el régimen sandinista, uno para que la seguridad rusa asesore al Ministerio del Interior en cuanto a la regulación legal de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), y el otro para capacitar a la Policía Nacional.

Se trata de un plan de capacitación extendido hasta 2026, pero el convenio del CCPP cubre los próximos 10 años.

El acuerdo fue ratificado en abril y dictando que la construcción o renovación de “edificios, estructuras e instalaciones” para el funcionamiento del centro “se efectuarán por la parte rusa de manera independiente y por su cuenta”. Declarando además que el CCPP todo es propiedad de la Federación Rusa.

Un feudo ruso en Nicaragua

Rusia tiene control total de las instalaciones, disponiendo de la capacidad de utilizarlas para los fines que vea convenientes. La autoridad máxima del centro es el jefe de la representación diplomática de la Federación de Rusia en Nicaragua, en este caso el embajador extraordinario y plenipotenciario (desde 2020), Alexánder Khokhólikov.

“La organización y las condiciones de la actividad del centro de instrucción, el procedimiento de la realización del control y el planeamiento de su trabajo se determinarán por la autoridad competente de la Parte Rusa“, explaya el artículo 5 del Convenio entre ambas naciones para la gestión del centro.

Patrushev da la mano a Francisco Díaz, consuegro de Ortega y máximo dirigente de la Policía Nacional. Foto: Medios Oficialistas

Las autoridades rusas en el centro gozan de inmunidad casi equivalente a la de diplomáticos y “no serán responsables criminalmente, civilmente y administrativamente” bajo la ley nicaragüense, según consta en el artículo 12 del Convenio, como tampoco están obligados a “dar testimonios a las autoridades de la República de Nicaragua sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento de sus funciones”.

Los empleados rusos del centro están exentos de pagos de servicios públicos e impuestos sobre salarios y otras remuneraciones que reciban del centro de instrucción. Tienen derecho a importar medios de transporte, muebles, objetos de uso doméstico y otros efectos personales sin pago en aduanas, ni tributación o tarifa alguna.

Todas estas disposiciones y privilegios han llevado a expertos y activistas de la oposición a sospechar de la existencia de un “centro de espionaje ruso” tras la fachada del centro de instrucción.

El activista opositor y analista político, Félix Maradiaga, dijo en declaraciones anteriores a República 18 que esta clase de acuerdos suponen una “amenaza directa” a los Estados Unidos en nombre del régimen de Putin, “a través de la estrecha relación de los dos dictadores, Putin y Ortega; insinúa una escalada de la presencia rusa en América” que llevará a mayor inestabilidad.