Gobierno de Costa Rica niega haber participado en extradición de opositor nicaragüense
Los abogados del ex-Contra deportado por las autoridades costarricenses habían expresado su preocupación por la tortura que el régimen de Nicaragua lleva a cabo en sus prisioneros políticos.
La extradición de Douglas Pérez Centeno hacia Nicaragua fue ejecutada por el Tribunal Penal de Liberia y la Policía Migratoria costarricense el 16 de febrero.
El gobierno costarricense bajo la administración del presidente Rodrigo Chaves negó haber tomado parte en la extradición del reo y opositor nicaragüense Douglas Pérez Centeno, según anunció por medio de un comunicado este domingo, 18 de febrero.
La deportación, ocurrida vía el puesto fronterizo de Peñas Blancas y con apoyo de la Policía Nacional de Migración de Costa Rica, ocurrió el pasado 16 de febrero, a pesar de que los abogados de Pérez señalaron en recurso de habeas corpus que el ciudadano está en riesgo de ser sometido a tortura por las autoridades nicaragüenses.
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Esto a razón de diversos señalamientos de tortura en contra de reos políticos elevados por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en contra del régimen sandinista.
El gobierno “desmintió categóricamente” que el Ejecutivo estuviese involucrado de alguna manera en el proceso de extradición, que es “100% ciento judicial” y en el que “sólo tienen participación y ejecución las autoridades de ese Poder de la República”, según mencionó el comunicado.
Pérez, un ex-militante de la Resistencia Nicaragüense (Contrarrevolución) que mantuvo lucha armada contra la primera dictadura sandinista (1979-1990), es acusado de supuestamente asesinar a un agente de la Policía Nacional de Nicaragua en colaboración con otro ex-Contra, Reinaldo Picado Miranda, quien permanece en Costa Rica.
Adicionalmente, a Pérez lo acusan de supuesta “fabricación, tráfico, tenencia y uso” de armas no autorizadas, secuestro y crimen organizado, según apuntó el OIJ.
El nicaragüense había sido detenido el 31 de octubre de 2022 en Heredia bajo una alerta internacional de captura y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) costarricense, así como el Tribunal Penal de Liberia, provincia de Guanacaste.
