Centroamérica: entre la inseguridad y el autoritarismo

La Policía Nacional del régimen sandinista de Daniel Ortega reveló que, durante la semana pasada (30 oct. – 5 nov.), ha detenido al menos a 31 individuos señalados de diversos delitos desde la implementación de su “plan de seguridad en el campo”, en vigencia desde, por lo menos, el pasado 27 de julio.

Las acusaciones concretas se dan bajo los señalamientos de robo con intimidación (11), narcotráfico (12) y abigeato (hurto de ganado, 8). Según la Policía, las evidencias de estos delitos se traducen a 4 libras de marihuana ocupadas, 2 animales semovientes, 7 armas de fuego, y dos vehículos motorizados (una moto y un microbús).

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Según la comisionada mayor, Zayda Pineda, jefa de seguridad pública de la Policía del régimen sandinista, por medio de este plan se realizaron más de 51 mil “servicios de vigilancia y patrullaje en barrios, comunidades, mercados, destinos turísticos, parques, terminales de buses, eventos deportivos, culturales y tradicionales”.

Pero no existen estadísticas fiables sobre la magnitud de la criminalidad en Nicaragua. El anuario estadístico de la Policía Nacional, que habría de publicarse anualmente con datos sobre la recurrencia de los delitos, la naturaleza de las víctimas y la identidad de los perpetrados, lleva desde 2021 sin actualizarse.

Tan sólo en 2022, las autoridades divulgaron la cifra de unos 460 homicidios en todo el país, mientras el régimen mantiene una política de liberación periódica de reos comunes (hasta la fecha, más de 4 mil) bajo el llamado plan de “convivencia familiar”.

“La ciudadanía no se siente segura”

“La verdad es que la ciudadanía no se siente segura con ningún operativo ni actividad policial porque la institución está totalmente desprestigiada”, dijo a República 18 un experto nicaragüense en temas de seguridad que optó por el anonimato por motivos de seguridad.

Añadió que la institución “se dedica más a la vigilancia de los ciudadanos y la represión en vez de prevenir los delitos y protegerlos de los delitos comunes. Esto es especialmente cierto en el caso de las comunidades rurales donde la policía actúa con total arbitrariedad y mucha violencia” debido al aislamiento y situación de precariedad que existe en zonas tan remotas.

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Los abusos de autoridad en el campo son de vieja data y han traído consecuencias terribles, como en el caso de brutalidad policial perpetuado contra Juan Lanzas, un campesino que perdió las piernas producto de la gangrena tras ser golpeado por agentes policiales, mantenido en condiciones insalubres y acusado falsamente de robo a finales de 2017.

A partir de 2018, la violencia fue aumentando en relación a la inestabilidad política, o al menos así lo percibió la población. En 2020, según un estudio de la encuestadora CID Gallup, el 82% de los nicaragüenses percibieron un incremento en el crimen y la delincuencia; en 2022, era el 45%, poco más de la mitad, pero a principios de este año, en enero, nuevamente aumentó hasta un 62%.

Durante la fase álgida de la crisis iniciada en abril de 2018, el régimen sandinista concentró su capacidad de control ciudadano en la represión política, según documentaron diversos organismos y denunciaron expertos. Otro nivel de inseguridad lo propició el equipamiento de grupos irregulares (llamados “paramilitares” por la prensa y la ciudadanía) que apoyaron al cuerpo policial con armas de guerra en sus operaciones de “limpieza” de zonas en protesta.

Pero a pesar de la crisis y de los registros poco fiables, Nicaragua a la fecha se ve libre de la clase de violencia organizada y altamente colateral que este año aquejó a casi toda la región centroamericana: la violencia del narco.

Una región insegura

El vecino sureño de Nicaragua, Costa Rica, vive una crisis de violencia y criminalidad sin precedentes en el país más desarrollado de la antigua unión centroamericana.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó a principios de octubre una moción en la que pide al Gobierno declarar emergencia nacional por la situación de inseguridad que se refleja en la mayor cantidad de homicidios en la historia del país.

Los asesinatos en Costa Rica han aumentado un 60% en la última década de la mano de bandas de narcotraficantes que se disputan el país y recientemente llegaron a los titulares por episodios de crueldad y carnicería desconocidos para el país centroamericano reconocido por su cultura de paz y democracia.

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El año pasado, las autoridades costarricenses registraron la cifra más alta de homicidios en su historia, unas 656 muertes violentas. Para este 2023, se prevé que la cifra alcanzará los 900 si el ritmo no baja. Hasta septiembre, Costa Rica contaba 655 homicidios, apenas un caso por debajo del récord establecido el año pasado.

Por su parte, Honduras sigue siendo uno de los países más violentos de la región. El 25 de junio de 2023, la presidente Xiomara Castro ordenó un toque de queda luego de que un terrible ataque en el norte del país en el que 13 personas, presuntamente a manos del narco, fueron asesinadas en Choloma y San Pedro Sula, dos de las ciudades más importantes del país.

La medida fue efectiva entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana hasta el 18 de julio, cuando la Policía Nacional hondureña informó de un descenso de hasta el 74% de los homicidios en las zonas incluidas. Los métodos de Castro incluyeron allanamientos, toques de queda, revisiones exhaustivas en las prisiones, investigaciones en busca de funcionarios corruptos e incautaciones de armas y municiones.

Por su parte, en Guatemala la violencia derivada del narcotráfico se manifiesta principalmente en su frontera con México. Estos enfrentamientos han desplazado a cientos de ciudadanos de sus localidades y acabado con la vida de muchos otros, así como ha supuesto para el gobierno guatemalteco un constante riesgo para la seguridad pública desde, por lo menos, los últimos dos años.

Solamente las autoridades en El Salvador, que está bajo un régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022, ha logrado erradicar su criminalidad endémica a niveles nunca antes vistos y en un tiempo récord, pero sólo por medio de un proceso altamente cuestionado por sus efectos colaterales en las libertades básicas, así como ha visto señalamientos de abuso de autoridad por organizaciones y defensores de derechos humanos a nivel internacional.

¿Ilusión de seguridad?

Si bien la inseguridad en Nicaragua es imperiosa, los relatos de los demás países contrastan con su ausencia total en Nicaragua, al menos en el ámbito cotidiano y ajeno a lo político. “No hay una respuesta precisa” al porqué Nicaragua no ha visto tales niveles de violencia organizada desde el narcotráfico, explicó el experto a República 18, pero listó “dos factores que pueden estar influyendo”.

Por un lado, “en Nicaragua todavía existen altos niveles de organización social que previene ese tipo de expresiones de violencia y, por otra parte, al parecer el papel que los grupos de narcotráfico han reservado para Nicaragua no expone, todavía, a las poblaciones a los altos niveles de violencia que están experimentando otros países de la región”.

El régimen sandinista está incluido en la lista de países con mayor mayor producción y tránsito ilícito de drogas de los Estados Unidos, por lo que la ausencia de esta clase de violencia pueda responder a presuntos lazos con el crimen organizado. En tal caso, Nicaragua podría estar viviendo simplemente una ilusión de seguridad ante el avance del narco en la región, probando ser el peor extremo en una gradiente que va del autoritarismo a la anarquía.