Terroristas y corruptos: los criminales que el sandinismo ha refugiado en Nicaragua
Desde corruptos hasta terroristas, pasando por narcotraficantes, fueron invitados y protegidos por el sandinismo desde que tomaron al país por la fuerza en 1979.
De izq. a der., Alessio Casimirri, terrorista italiano; Ricardo Martinelli, expresidente panameño señalado de corrupción; Pablo Escobar, capo de la droga. Todos ellos fueron protegidos por el régimen sandinista de Daniel Ortega.
Desde que el sandinismo llegó al poder en 1979, una Nicaragua atosigada de atención internacional se convirtió también en punto de encuentro para intelectuales, activistas, escritores y artistas que se identificaban con los ideales de la revolución del Frente Sandinista, pero esos no fueron los únicos invitados.
Desde funcionarios acusados de escandalosas corruptelas, pasando por narcotraficantes de alto perfil y hasta secuestradores y asesinos a sangre fría, la Nicaragua del sandinismo sirvió y sirve todavía de refugio para individuos de todo el mundo con deudas pendientes con la ley.
El más reciente ejemplo, el expresidente panameño Ricardo Martinelli, aún no ha puesto pie sobre el país, pero permanece recluido en la embajada nicaragüense en Panamá desde que el asilo le fue extendido para huir de una condena de 10 años por corrupción que ratificó el Tribunal Supremo de Panamá y frustró sus ambiciones reeleccionistas.
Martinelli sostiene que se encuentra en peligro de muerte y se compara con Donald Trump, pero no hay evidencia de que sea el caso.
Ya el gobierno panameño negó el salvoconducto pedido por Nicaragua para asegurar su traslado al país y advirtió que las declaraciones del expresidente desde la embajada podrían considerarse “injerencia” en los asuntos internos, lo que podría llevar a una crisis diplomática.
Lea además: Panamá niega salvoconducto al expresidente prófugo Ricardo Martinelli
Alessio Casimirri en 2007. Foto: La Prensa
Casimirri
La primera crisis diplomática de este tipo que hubo en relación a un protegido del sandinismo ocurrió a partir de 1988, cuando las autoridades italianas iniciaron un proceso en contra de Alessio Casimirri, un buzo radicado en Nicaragua bajo el alias “Guido di Giambattista“, a quien el gobierno otorgó la nacionalidad ese año de manera irregular.
Casimirri, de 73 años, había estudiado derecho y su familia tenía una estrecha relación con la Iglesia católica italiana, pero es más conocido por participar en el secuestro y asesinato del ex-primer ministro italiano, Aldo Moro, magnicidio perpetrado en 1978 por la organización terrorista de ultra-izquierda, las Brigadas Rojas.
Llegó a Nicaragua el 18 de abril de 1983 tras haber transitado primero por Libia y después por Cuba. Huía de la justicia italiana, que fue cercando al resto de guerrilleros involucrados en el asesinato de Moro. En Nicaragua, Casimirri dedicó su vida al buceo y a la gastronomía, abriendo dos restaurantes: Magica Roma y La Cueva del Buzo, que todavía existe en Managua.
Sólo Casimirri no ha encarado la justicia por la muerte de Moro. La Justicia Italiana ha solicitado su extradición en múltiples ocasiones y en 1993, bajo el gobierno liberal de Violeta Barrios de Chamorro, Casimirri perdió su ciudadanía, pero en 1999, con Arnoldo Alemán en la presidencia, la Corte Suprema, bajo control sandinista, falló en su favor.
“La derecha es la que siempre me ha estado acusando“, expresó Casimirri en 1999. Ahora mantiene bajo perfil después de que en 2015 Italia solicitase nuevamente la extradición y, entre 2019 y 2021, el Parlamento Europeo reafirmó sus intenciones de llevarlo a la justicia en tres ocasiones.
La Justicia sandinista lo defendió en cada ocasión.
Mauricio Funes (izq.) y Salvador Sánchez Cerén (der.), expresidentes salvadoreños prófugos de la justicia protegidos por el sandinismo.
Los mandatarios
Los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) permanecen prófugos en Nicaragua, tras haber huido de El Salvador, Funes desde 2016 y Sánchez desde 2019, para convertirse en protegidos del régimen de Daniel Ortega.
Funes, de 63 años, fue presidente por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y tiene seis órdenes de captura por varios actos de corrupción. Llegó a Nicaragua en 2016 y recibió la ciudadanía exactamente dos años antes que Sánchez Cerén, el 30 de julio de 2019, junto a su esposa y dos de sus hijos.
Siendo prófugo, Funes fue condenado a 14 años de prisión el 29 mayo de 2023, en el contexto del régimen de excepción y la guerra contra las pandillas de la administración Bukele, por negociar durante su periodo presidencial con estos grupos delincuenciales en una política conocida como “la tregua“.
Sánchez Cerén fue vicepresidente de Funes y le sucedió en el cargo. En ese tiempo, de acuerdo con la Fiscalía Salvadoreña, ambos recibieron pagos irregulares y participaron en un esquema de corrupción desviando fondos públicos por un monto que asciende hasta los 351 millones de dólares del presupuesto estatal.
Al menos 5 familiares cercanos suyos también residiendo en territorio nicaragüense fueron nacionalizados entre el 7 de abril y el 23 de septiembre del año siguiente. También familiares de Funes habían recibido este beneficio.
Al recibir la nacionalidad, ambos quedaron efectivamente protegidos de cualquier intento de extradición, pues en su artículo 43, la Constitución Nacional nicaragüense establece que sus ciudadanos “no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.
Pablo Escobar, en el centro, fotografiado en aeropuerto Los Brasiles, en Managua mientras traficaba cocaína. Con la mano alzada aparece Federico Vaughan Loredo, asistente del general sandinista Tomás Borge. Foto: Barry Seal
Terrorismo y narcotráfico
En la década del ’80, durante la primera dictadura sandinista, Nicaragua sirvió como refugio para miembros de toda clase de organizaciones terroristas de ultra-izquierda. Hay registro de miembros del FMLN, así como de Montoneros (Argentina) y Sendero Luminoso (Perú), entre otros, que encontraron en Nicaragua un lugar para eludir la justicia.
También miembros de la guerrilla vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que aterrorizó a España con atentados de coche bomba y asesinatos políticos, fueron reportados por la prensa española residiendo en Nicaragua durante la primera dictadura sandinista.
Aunque el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1993) entregó a varios etarras a la justicia española, muchos que habían eludido aquella operación regresaron al país con la victoria sandinista en las elecciones de 2006 y su asunción al poder en 2007.
“Antes de abandonar la presidencia (en 1990), el régimen sandinista otorgó la nacionalidad nicaragüense a una veintena de etarras allí acogidos, a fin de blindarles ante futuras demandas de extradición por parte de la Justicia española“, detallaron las autoridades españolas al medio ABC.
También durante la primera dictadura sandinista, durante dos meses en 1984, el capo de la droga Pablo Escobar se refugió en Nicaragua huyendo de la Justicia colombiana, que lo perseguía por haber ordenado el asesinato de Rodrigo Bonilla Lara, ministro de Justicia.
Otros protegidos
En junio de 2022, los exministros del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado en abril de ese mismo año a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico, fueron nacionalizados para evitar su extradición. Ambos, Ebal Díaz y Ricardo Cardona, son buscados por corrupción en Honduras.
Thaksin Shinawatra, ex-primer ministro tailandés involucrado en un golpe de Estado en 2006, fue condenado en 2008 a dos años de cárcel por ese abuso de autoridad, pero el régimen sandinista lo recibió en Managua y lo nombró embajador “en misión especial”, otorgándole inmunidad con un pasaporte diplomático.
Luis Rabbé, expresidente del parlamento guatemalteco buscado en relación a un caso de corrupción en su natal Guatemala, se refugió en Nicaragua en agosto de 2016. Rabbé es cuñado del mexicano Remigio Ángel González, uno de los principales magnates de medios de comunicación a nivel latinoamericano y vinculado a redes de corrupción.
En 2008, el régimen sandinista extendió la nacionalidad a dos guerrilleras de las FARC, Martha Pérez Gutiérrez y Doris Bohórquez Torres, luego de que el Ejército colombiano bombardease un campamento de la guerrilla en el norte de Ecuador, en la denominada Operación Fénix.
Como resulta evidente, el Frente Sandinista tiene una afinidad demarcada por los terroristas, narcotraficantes y corruptos de hispanoamérica y el mundo.
