En Nicaragua hay 3 policías por cada médico en el sector público

La fuerza laboral de la Policía Nacional nicaragüense se compone de, por lo menos, 17,349 oficiales de policía, según el más reciente anuario estadístico publicado en 2021. En 2015, la información sobre la fuerza laboral del Ministerio de Salud (MINSA) aseguraba que en Nicaragua había 5,794 médicos.

El Plan Nacional contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, elaborado por las autoridades del MINSA, asegura que, en 2020, la población de médicos en el sector público era de 6,045 y, en 2021, el anuario del Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo alzó ese número hasta 6,186, la última vez que se tuvo el dato.

Es decir que, en 6 años, sólo se incorporaron menos de 500 médicos, cantidad cercana a la que países como Costa Rica incorporan aproximadamente en la mitad de ese tiempo.

La proporción entre uno y otro cuerpo es de 3 a 1 a favor del personal de la Policía Nacional, institución que en los últimos años ha visto crecer sus filas a la vez que ha sido además señalada por cometer crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis de 2018. El Ministerio de Salud no se libra de acusaciones similares, negando selectivamente la atención médica a quienes el régimen considera enemigos políticos.

Desde que Ortega volvió al poder en 2007, la institución casi duplicó el número de agentes, pasando de 9,290 a 16,909 según los datos oficiales de la institución en los 16 años de gobierno sandinista. El aumento es más dramático teniendo en cuenta que, para 2015, el personal policial se había reducido hasta por debajo de los 5 mil, según señalan los anuarios policiales.

El aumento en el número de policías es parte de “una estrategia de control sobre la población nicaragüense”, según comentó a República 18 un experto en temas de seguridad que prefirió mantenerse bajo el anonimato por temor a represalias del régimen.

“Esta tendencia se ha acelerado a partir de 2018 cuando iniciaron las protestas en contra del gobierno y las fuerzas policiales se vieron rebasadas por las multitudinarias marchas”, apuntó.

El aumento de policías “provoca temor” más que una sensación de seguridad, según explicó el experto, y “no responde a una política preventiva de la delincuencia y criminalidad, sino más bien a una política represiva y de vigilancia constante sobre la población a fin de impedir cualquier protesta” agregó.

Bajo vigilancia y sin incentivos

“Históricamente, en Nicaragua, nunca ha habido incentivos desde el sector público para que los jóvenes opten por una carrera en el sector salud”, dijo a República 18 el médico epidemiólogo Leonel Argüello.

Por incentivos entendemos todo aquello que, más allá de la vocación por ayudar a las personas, podrían atraer a un joven hacia el servicio desde la profesión médica para su realización profesional y personal.

Como en todo el mundo, el trabajo del médico nicaragüense se caracteriza por largas jornadas, esfuerzos extremos y condiciones riesgosas para la salud propia, todo con muy baja remuneración y una escasa movilidad.

Sumado a esto, el régimen sandinista de Daniel Ortega, durante y después del estallido social de 2018, llegó a despedir a médicos que, cumpliendo su juramento, ofrecieron atención médica a manifestantes.

Tampoco pueden hablar libremente ni cuestionar la línea del partido. El propio Argüello fue llevado al exilio en 2021 por contradecir la narrativa del régimen sobre la pandemia de COVID-19 que entonces azotaba a Nicaragua.

Médicos reaccionan indignados por sus despidos. 9 de junio, 2020. Foto: Cortesía

Al menos 412 médicos fueron expulsados o se vieron obligados a renunciar al sistema público de salud por criticar al régimen de Daniel Ortega, según datos de la Unidad Médica Nicaragüense, una organización independiente de profesionales de la salud.

A lo que interpretaba como desafíos a su gobierno de parte de profesionales de la salud, la vicepresidente, primera dama y vocera del gobierno, Rosario Murillo, lo calificaba de “terrorismo sanitario“.

“Son mínimos (los incentivos), no hay en realidad una promoción, ni desde los propios médicos, para que otras personas opten por la profesión”, señaló Argüello.

Más allá de un sentido del deber y el prestigio asociado a la formación médica, en Nicaragua existen pocas razones para hacer el esfuerzo de hacerse médico, lo que, por un lado, hace del trabajo de los ya profesionales más loable a la vez que más arduo, pero también aleja a jóvenes potencialmente talentosos de aportar a tan importante sector, lo que impacta severamente la accesibilidad de la salud en el país y, por ende, contribuiría a la vulneración del derecho a la salud, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Personal y acceso a la salud en Nicaragua

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los gobiernos deben garantizar que la salud sea accesible, de buena calidad, con la participación activa de los beneficiarios del sistema de salud en la formulación de las políticas que les afectan y debe haber también rendición de cuentas. Nada de esto se aplica en Nicaragua.

“No tenemos información sobre la cantidad de recursos humanos en el Ministerio de Salud“, reveló Argüello. “Ni siquiera sabemos cuántos médicos estamos vivos y de los que estamos vivos, cuántos estamos dentro o fuera del país“, añadió.

Argüello estima que el total de médicos en el sector público real podría oscilar entre los 3 y 5 mil, manteniéndose estable, con poca variación. “Si ha crecido, ha sido en proporción a la población”, consideró el médico, quien cree que no hay suficiente personal para cubrir de manera óptima las necesidades de salud de los nicaragüenses, pero al mismo tiempo cree que “lo más importante es la calidad del personal”.

En Nicaragua el acceso a la salud es universal, lo que quiere decir que cualquiera puede acudir a un centro de salud público y recibir atención sin inconvenientes. Sin embargo, de esa garantía a la realidad existen dificultades.

La Unidad Médica Nicaragüense estima que tan sólo el 17% de los 35 mil médicos que hay en nicaragua trabaja para el sector público, lo que limita en gran medida el acceso a la salud para los menos privilegiados.

Argüello considera que el acceso a la salud a nivel geográfico está “bien distribuido salvo en el Caribe” debido a la falta de infraestructura ocasionada por décadas de abandono estatal. En términos geográficos, el epidemiólogo considera que la atención está “bien distribuida pero, en relación al acceso a servicios de calidad, es un asunto que falta mucho por mejorar“.

“A veces no necesariamente tenés acceso a los medicamentos que necesitás en el centro y uno tiene que sacar dinero del propio bolsillo”, explicó el profesional, quien estima que el 40 ó 50% de los medicamentos son pagados por los pacientes.

¿Y el presupuesto?

De los 133 mil 804 millones de córdobas del Presupuesto General de la República aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 7 de diciembre para el funcionamiento del Estado el próximo año, 2024, 18% del gasto será destinado al sector salud, lo que equivaldría a unos 25 mil millones de córdobas.

El gasto en defensa es de 15.8 mil millones, combinando a la vez el gasto del Ejército (3.7 mil millones) y la Policía (4.4 mil millones), para alrededor de 11% del presupuesto, registrando un aumento de 700 millones de córdobas en relación al año anterior y, aunque el gasto en salud supera, al menos en el papel, al gasto en defensa, el régimen sandinista es la segunda gestión más corrupta de Latinoamérica, de acuerdo con informes e investigaciones independientes.

No existen garantías de que la asignación presupuestaria del MINSA se administre de manera óptima. Al contrario, el historial del régimen sandinista y su política de hermetismo absoluto hacen de la corrupción prácticamente una garantía, todo a costa de los contribuyentes y los más necesitados de Nicaragua.