Nicaragua es el lugar más peligroso del mundo para defensores ambientales, señala investigación internacional

El Proyecto de Reportaje contra la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés) demostró, por medio de una detallada investigación, que Nicaragua es por mucho el país más deforestador de Centroamérica, región que ha visto a la mayoría de sus gobiernos no sólo reducir, sino que, en el caso de Costa Rica, revertir la deforestación.

“Cuando hablamos de puntos focales de deforestación, a menudo imaginamos a países como Brasil (-0.29% al año) o Indonesia (-0.61% al año), pero el país con la mayor tasa de deforestación es, en realidad, Nicaragua (con un promedio de -2.56% de su área boscosa perdida al año), hogar del bosque pluvial de Bosawás, el segundo más grande del hemisferio occidental después del Amazonas”, reveló OCCRP.

Lea además: Líder mayangna: “Bosawás ya no existe, está carcomida por los colonos”

En Centroamérica, Nicaragua supera a Belice (-0.84%), El Salvador (-0.74%), Guatemala y Honduras (ambos -0.32%), Panamá (0.27%), todos países que fueron de capaces de reducir su tasa de deforestación, y Costa Rica, que pudo revertir la deforestación en un promedio anual del 0.55%, según datos de Naciones Unidas.

La investigación subrayó que las zonas habitadas por pueblos indígenas y afrodescendientes son las más afectadas, viendo ritmos de deforestación mucho más aceleradas que en el resto de zonas.

“La toma de tierras ha contribuido a un incremento de la violencia contra los pueblos indígenas. Asesinatos de nicaragüenses que defienden su tierra y el medio ambiente aumentaron más del doble en 2020 en comparación al año anterior, lo que convierte a Nicaragua en el lugar más peligroso del mundo para los defensores ambientales“, señala OCCRP.

Según OCCRP, las autoridades desde el Estado han facilitado y permitido la expulsión de más de mil comunitarios de la etnia miskita en Bosawás, la reserva conocida como “el pulmón de Centroamérica” en el Caribe Norte de Nicaragua, en lo que un grupo de derechos humanos denominó “una política de colonización ocultada por el Estado”.

Otras zonas afectadas por la toma de tierras son el Triángulo Minero, también en el Caribe Norte, y la Reserva Indio Maíz en la Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. En estas zonas tanto como a nivel nacional, “si el ritmo de la deforestación continúa como hasta ahora, en apenas unas pocas décadas los bosques de Nicaragua habrán desaparecido“, destaca OCCRP.

Deforestación desde 1990 y una proyección hasta 2040. Fuente: UN-FAO, Our World in Data, Universidad de Oxford, OCCRP

Jaime Incer Barquero, científico nicaragüense acusó al régimen ante OCCRP, alegando que “la corrupción es la causa principal de todas estas desgracias; el acaparamiento ilegal de tierras en territorios indígenas –un factor clave de la deforestación– se está produciendo con el consentimiento de las autoridades en todos los niveles“.

Otros expertos concordaron con la valoración de Incer y los datos apuntan en esa dirección. OCCRP recopiló un aumento exponencial de los permisos de tala otorgados a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) a partir del año 2014, cuando hubo 28 concesiones, y hasta 2018, cuando fueron 317.

Es decir que hubo un aumento de más del 1100% en apenas 4 años. Datos posteriores no fueron lo suficientemente completos o claros para incluirlos en el análisis, notó el organismo, que señaló a Rosario Murillo como la arquitecta de ese esquema.

En cuanto al negocio maderero, “(el gobierno) funciona como una mafia” señaló a OCCRP el activista ambiental Amaru Ruiz, director de Fundación del Río. “Todo sale del capo y la capa”, refiriéndose a Ortega y Murillo.

Puede acceder a la investigación completa en el sitio de OCCRP.