Fondo Verde cancela acuerdo de 116 millones dólares para régimen de Nicaragua
El Secretariado del Fondo citó incumplimientos a las salvaguardas ambientales y nula consideración por las comunidades indígenas en su decisión de dar fin al acuerdo con el régimen de Nicaragua.
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) terminó el Acuerdo de Actividad Financiada para el proyecto “Bio-CLIMA” planteado para “reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de BOSAWÁS y Río San Juan” (FP146), Nicaragua, “debido al incumplimiento de las políticas y procedimientos del GCF sobre salvaguardias ambientales y sociales (ESS)” de parte del régimen sandinista de Daniel Ortega.
De esta forma, el Fondo estaría suspendiendo una dotación de 116.6 millones de dólares para el proyecto.
“La decisión fue tomada por la Secretaría de GCF después de un exhaustivo proceso de investigación y evaluación, así como de las medidas tomadas por la Secretaría para abordar los casos de incumplimiento, que constituyeron violaciones legales de los acuerdos legales pertinentes entre GCF y la Entidad Acreditada“, anunció el Fondo este jueves, 7 de marzo, vía un comunicado en inglés.
Lea además: Régimen “desesperado” por mostrar cumplimientos ante el Fondo Verde para el Clima
De igual forma, el Fondo aclaró que no hubo financiación para el proyecto, dado que no se había puesto en marcha todavía.
La decisión partió de una queja elevada ante el Mecanismo Independiente de Rectificación (IRM) del Fondo, en la que se denunciaba “falta de consulta apropiada con comunidades indígenas y afrodescendientes”, entre otras negligencias del régimen sandinista.
“La Secretaría del GCF sigue comprometida a defender el principio de no causar daño y evitar, minimizar y mitigar los posibles impactos ambientales y sociales adversos de las actividades de financiación climática“, concluyó el comunicado.
Según explicó a República 18 el investigador y ambientalista Amaru Ruiz, de Fundación del Río, el trabajo de denuncia de los incumplimientos a las salvaguardas ambientales llevó más de 5 años y comenzó en las propias comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas “que siguen resistiendo y documentando la situación de invasión de sus territorios”.
“Este es un esfuerzo de las comunidades, es una muestra de la resistencia que siguen teniendo. Ellas son al final las que sufren, cuyos territorios terminan deteriorados y a quienes coartan su libertad y sus mecanismos de organización ancestrales“, dijo Ruiz.
Esta decisión vendría a afirmar, según Ruiz, “el compromiso del Fondo para que los proyectos climáticos lleguen a los territorios sin violar los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes” y lo valoró como “un precedente importante”.