“Bosques en venta”: informe detalla despale y corrupción en Nicaragua
En materia de explotación forestal, “en el país las decisiones políticas prevalecen sobre las decisiones técnico-legales de conservación que vienen desde personas más formadas en la materia”, señala ambientalista.
El despale indiscriminado afecta también a áreas protegidas.
Un informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción documentó las diversas medidas que se han aplicado desde el gobierno para la explotación desmedida de los recursos forestales del país, en particular desde el regreso al poder del Frente Sandinista en 2007. La gestión sandinista ha visto el desmantelamiento de la legislación y la institucionalidad que mediaba la explotación maderera en el país.
Recopilando fuentes secundarias, filtraciones del propio gobierno, disposiciones legales y otra información pública, el Observatorio expone los esquemas de corrupción que han sometido a la explotación forestal al poderío de la presidencia, bajo el poder del caudillo Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
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En esta recopilación “se refleja cómo en el país las decisiones políticas prevalecen sobre las decisiones técnico-legales de conservación que vienen desde personas más formadas en la materia“, según destacó Amaru Ruiz, ambientalista de Fundación del Río, durante la presentación del documento.
“Estas decisiones políticas han llevado a un aumento en los procesos de extracción. Los datos oficiales de los permisos oficiales otorgados muestran un aumento del 69% tras el paso del huracán Oto (2016)” en los que se extrajeron 32 100 metros cúbicos de madera y se permitió la extracción en áreas protegidas, detalló Ruiz.
El régimen sandinista ha facilitado la extracción maderera tras el paso de huracanes como fue el caso tras el paso de Félix (2007) a través del decreto ejecutivo 92-2007, “el más prenicioso” de su tipo, que “trajo consigo la sobreexplotación y el aumento de la deforestación en la región del Caribe norte“, según documentó el Observatorio.
Previo al regreso del sandinismo, en 2006 la Asamblea Nacional de Nicaragua adoptó la Ley (589) de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso forestal, debido a la “alarmante explotación irracional de los recursos forestales aumentando las tasas de deforestación de nuestros bosques mediante la tala indiscriminada“.
El caso Corrales
El informe del Observatorio resalta una comunicación entre Orlando Corrales, director de Asesoría Legal del Instituto Nacional Forestal (INAFOR), y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, y Rosario Murillo, en el que Corrales cuestiona el decreto presidencial 02-2019 que suspendía la veda forestal.
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En concreto, Corrales señala la incongruencia legal del decreto en relación a la Política Nacional de Desarrollo Sostenible del Sector Forestal de Nicaragua, así como la ilegalidad del decreto, entre otros criticismos y cuestionamientos. Igualmente, Corrales expresa temor a perder su trabajo a razón de sus críticas.
Disminución de la cobertura forestal durante los primeros 15 años del siglo XXI, visualizada. Fuente: Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción
El documento concluye, tras un recorrido de instancias de tráfico de influencias y otras denuncias de corruptelas, que “las prácticas de corrupción al más alto nivel siguen estando presentes en el gobierno de Ortega, un modelo de corrupción que ha implicado a su círculo de apoyo de la estructura detrás y debajo del poder, que forma también parte del esquema”.
Mientras, en el país la cobertura forestal ha ido disminuyendo a un ritmo alarmante. En la actualidad, apenas el 25% del territorio nacional sigue cubierto por bosques, mientras que a principios de siglo era el 42% y antes, a principios de los ’70, ascendía hasta casi el 70%.
