Investigación señala al Poder Judicial como principal cómplice del autoritarismo en Nicaragua  

La investigación “Corrupción Judicial en Nicaragua, tráfico de influencias y la erosión del debido proceso”, denuncia que  en Nicaragua con el paso de los años,  el Poder Judicial fue perdiendo paulatinamente su autonomía e independencia hasta convertirse en un instrumento necesario para asegurar el poder y el autoritarismo del régimen Ortega-Murillo.

Este análisis elaborado por el observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción junto a la organización Hagamos Democracia, expone que mediante el Poder Judicial se favorece con impunidad a los allegados, funcionarios  y simpatizantes de los gobernantes del país. 

Instancia que a su vez es utilizada para “perseguir, criminalizar y condenar a sus oponentes y a cualquier persona que amenace con cuestionar sus políticas”.

Así mismo, denuncian que mediante la aprobación de diferentes leyes promulgadas en distintos períodos, la infiltración de partidarios leales y secretarios políticos del Frente Sandinista, el régimen de turno ha conseguido abarcar los espacios necesarios que le permitieron acaparar en su totalidad este poder del Estado.

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Un recuento de casos emblemáticos 

La metodología de esta investigación consistió en la recopilación de casos públicos y emblemáticos que dejaron al descubierto actos de corrupción tanto económica como política.

Entre los casos incluídos está  el de Byron Jeréz, la familia de Alba Luz Ramos y otros más recientes como el encarcelamiento de los candidatos presidenciales en 2022. 

La investigación muestra que “las prácticas corruptas más sobresalientes que predominan al día de hoy en el sector justicia, han sido el tráfico de influencia, el soborno y el nepotismo, conductas que desafortunadamente tienden a agravarse y arraigarse cada vez más en la realidad nacional”.

Finalmente apuntan que si bien, no se puede determinar con exactitud un estimado de tiempo para la recuperación de la correcta administración de justicia y el prestigio del aparato judicial, la confianza de la población hacia esta institución, deberá pasar por reformar la Ley de Carrera Judicial, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Consideran que es indispensable  imponer procedimientos disciplinarios a todos aquellos funcionarios implicados en actos de corrupción y crímenes contra los derechos humanos.