Ambientalistas denuncian que en Nicaragua la minería ilegal conlleva a “violaciones de derechos humanos”

Durante un conversatorio regional, organizado por la Fundación para el Debido Proceso, los ambientalistas Amaru Ruíz, presidente de la Fundación del Río y Heizel Torrez, del Centro Humboldt y del  Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial (MONAFMI), denunciaron individualmente que en Nicaragua la minería ilegal además de provocar severos impactos al medio ambiente conlleva a serias violaciones de derechos humanos, principalmente a las comunidades indígenas.

Torrez dijo que tras el retorno del caudillo sandinista, Daniel Ortega al poder en 2007, Nicaragua venía sufriendo una crisis democrática y monopolización de todos los poderes y leyes, lo que a su criterio, “vino a beneficiar a la minería ilegal que ha venido incrementando, actualmente hay 25 puntos de minería ilegal por la flexibilidad legal y la corrupción del poder”.

A su vez, la integrante del Centro Humboldt destacó que “es un factor que le está permitiendo a la dictadura de Daniel Ortega poderse apropiar tanto de territorios como de población necesitada y carente”.

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Por su parte, Ruíz expuso que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es el gobierno que más concesiones ha entregado en Nicaragua.

“El sector minero representa un mercado del mil millones de dólares para Nicaragua. Es el principal producto de exportación a nivel nacional y el gobierno Ortega Murillo ha sido el que más concesiones ha entregado y se ha concesionado el 23 por ciento del territorio nicaragüense, esto es parte de la dimensión del tema de la minería”, indicó.

Los ambientalistas denunciaron que el régimen orteguista criminaliza su labor en Nicaragua.

Minería ilegal genera impacto ambiental

El presidente de la Fundación del Río precisó que Nicaragua es el país centroamericano con más concesiones mineras dentro de territorios indígenas y que de hecho existen 141 concesiones.

De ellas, especificó, que “el 66 por ciento de la reserva de Bosawás está concesionada a minería industrial” lo que a su criterio genera un “grave impacto en este sitio que es patrimonio de la humanidad, y en la reserva biológica Indio Maíz al menos hay tres zonas mineras que tienen un fuerte vínculo entre la minería artesanal e industrial”.

Enseguida, denunció que este tipo de actividad conlleva a una serie de violaciones de derechos humanos como el trabajo infantil, trata de personas, narcotráfico, desplazamiento forzado de las comunidades indígenas por lo que “hay una serie de elementos que están asociados a la actividad minera que el régimen no atiende, al contrario favorece este tipo de actividad”.

Ruíz lamentó que las sanciones que Estados Unidos impuso a la Empresa Nicaragüense de Minas y al presidente de su junta directiva, Ruy López Delgado, “no han tenido efectividad y ha provocado que el régimen Ortega Murillo y las empresas busquen otros mercados como Suiza, Emiratos Árabes y Austria. Además el régimen esta avalando la Minera artesanal en 38 municipios del país”.