Oposición nicaragüenses y Jesuitas Centroamericanos condenan confiscación de la UCA

Diversas organizaciones y liderazgos opositores, así como la Provincia Jesuita de Centroamérica denunciaron y condenaron la acusación de terrorismo elevada por el régimen de Daniel Ortega contra la Universidad Centroamericana (UCA), la cual derivó en la confiscación y una orden de incautación de todos los bienes y recursos monetarios de la institución.

La universidad había pasado una semana bajo asedio financiero, dado que el gobierno había congelado sus cuentas. Aunque no informó al respecto la universidad en un principio, este 16 de agosto finalmente reconoció el ataque en su contra de parte de la dictadura a través de un correo que envió a toda la comunidad universitaria.

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Tras ordenar la suspensión de todas las actividades académicas, la UCA agradeció “la confianza, solidaridad y cercanía expresada por estudiantes, docentes, personal administrativo y la sociedad nicaragüense que se identifica con los principios y valores de esta alma mater”.

Jesuitas se pronuncian

Por su parte, la administación de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, en un documento divulgado por las redes, aclaró que “son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el X Distrito Penal de Audiencias en Managua”.

“La prestigiosa labor docente e investigativa ejercida por la Universidad durante sus 63 años de existencia ha sido reconocida nacional e internacionalmente, se ha realizado conforme la tradición educativa de la Compañía de Jesús y las orientaciones de la Iglesia católica” apuntaron los jesuitas.

La Provincia señaló además que esta acción no se trata de un hecho aislado, sino que se trata de “una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país”, entre los que se incluye una campaña hostil contra la Iglesia católica.

La UCA de El Salvador expresó su solidaridad a través de su cuenta de Twitter, reconociendo “la valentía y compromiso” de su hermana en Nicaragua.

Reacciones de la oposición

La Alianza Universitaria Nicaragüense condenó “enérgicamente el despojo de la personalidad jurídica y la inaceptable confiscación de la UCA por la dictadura”, calificando de “inconcebible que una educación educativa, pilar del desarrollo y la democracia, sea tildada de ‘centro terrorista‘”.

A la justicia sandinista la describieron en su comunicado como “un pelotón de fusilamiento bajo las órdenes de la dictadura” y a las acusaciones, “infundadas, que pretenden silenciar y criminalizar la educación libre y crítica“.

Por su parte, el movimiento Unamos (antes Movimiento Renovador Sandinista), condenó el “zarpazo brutal” contra “el último bastión del pensamiento crítico y la libertad de enseñanza en Nicaragua”.

“La UCA, regentada por la Orden Jesuita, es la más antigua y prestigiosa universidad privada (de Nicaragua) y un centro donde se forjaron generaciones de estudiantes, incluyendo a muchos de los que actualmente sirven a la dictadura” mencionaron en un comunicado.

“El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudia la acusación por terrorismo y la incautación de bienes contra la UCA”, reza un comunicado de dicha organización.

El Colectivo considera que “el propósito es imponer un modelo de enseñanza y de pensamiento único, así como formas de organización que contribuyan a fortalecer las pretensiones hegemónicas de estatizar y de contribuir a la perpetuidad del poder para lo cual necesitan de una acción única”.

Otras organizaciones que se pronunciaron fueron la Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendietes (INANA); Jóvenes por la Libertad, el ala juvenil del extinto partido Ciudadanos por la Libertad; y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esta última entidad le recordó al Estado de Nicaragua que “su obligación ante la grave medida de cerrar una universidad… debe estar justificada respecto a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales“.