Periodistas nicaragüenses denuncian “apatridia de facto” impuesta por el régimen sandinista
Denuncian confiscación de documentos, negativa a renovarlos y prohibiciones de retorno al país, entre otras consecuencias de la “muerte civil” que viven periodistas nicaragüenses en el exilio.
De izquierda a derecha: Nayel Pérez, periodista de La Prensa; Gonzalo Carrión, del Colectivo de DDHH; Tania López, periodista; Gerall Chávez, periodista; durante la conferencia tratando el tema de la apatridia de facto.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más organizó una conferencia de prensa sobre el estatus de desnacionalización de facto que sufren varios periodistas nicaragüenses en el exilio desde San José, Costa Rica.
El régimen sandinista ha aplicado la revocación de nacionalidad a más de 400 opositores desde febrero de 2023, en su mayoría reos políticos desterrados, pero también ha aplicado otras restricciones que constituyen una desnacionalización en todo menos en nombre.
La desnacionalización o apatridia de facto consiste, pues, en la imposibilidad de ejercer los derechos y gozar de las garantías que derivan de una determinada nacionalidad, aún poseyéndola legalmente, por la nula voluntad en este caso del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En el panel tomaron parte periodistas que han sido víctimas de esta medida así como Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo, y recibieron retroalimentación de periodistas de medios independientes cubriendo el evento. “Nosotros somos nicaragüenses aunque haya cualquier ley que hayan inventado Daniel Ortega y Rosario Murillo“, concordaron.
El régimen sandinista viene ejerciendo esta modalidad de represión desde, por lo menos, la expulsión y desnacionalización de 222 presos políticos en febrero de 2023. Douglas Castro, economista y sociólogo miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), fue uno de los primeros en reportar un caso parecido en junio de ese año.
“La privación del pasaporte, la cédula de identidad y otros documentos esenciales para la vida civil nos somete a una exclusión social y jurídica extrema, impidiéndonos acceder a servicios de salud, empleo formal y educación“, explicó una de las principales consecuencias de la apatridia de facto el periodista nicaragüense en el exilio, Gerall Chávez.
Los periodistas se ven afectados por la “muerte civil”, casos en los que no figuran como personas con derechos ante ninguna jurisdicción. Se discutieron casos en los que fueron negados o confiscados documentos esenciales o la renovación de los mismos. El hecho de que su nacionalidad no fuese revocada formalmente dificulta la aplicación de los tratados internacionales para la prevención de la apatridia.
De cara a esta situación, el panel apeló a distintos organismos internacionales, como el Comité para la Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y la Red Centroamericana de Periodistas para que se pronuncien públicamente sobre sus casos, solicitando a naciones democráticas que han ofrecido la nacionalidad a otros desnacionalizados nicaragüenses, como Colombia, Argentina o España.
“Es una estrategia del régimen, la menos conocida que está realizando, y le está dando resultado porque como periodistas tenemos testimonios de que nos dejan en un limbo migratorio: no somos ni de aquí ni de allá; es una situación muy difícil tanto emocional como civilmente“, dijo la periodista Tania López, parte del panel.
Al menos 20 periodistas afectados
Chávez estimó que al menos unos 20 periodistas se encuentran en esta situación. El régimen sandinista se niega a colaborar con la emisión de documentos desde sus consulados y exige el retorno a Nicaragua, donde la represión contra los periodistas es cada vez más severa, la más hostil en toda la región según Reporteros Sin Fronteras.
Tampoco permiten a los familiares realizar estos trámites y, en algunos casos, como el de la periodista López, los parientes son amenazados ante la mera intención de tramitar cualquier documento que sus familiares exiliados puedan requerir.
“El ejercicio periodístico es un compromiso. Estábamos ejerciendo nuestros derechos a la libertad de expresión y de prensa, y eso nos llevó a esta situación que cada vez resuena más. Tenemos muchísimas historias. La mía propia tiene que ver con una persecución que me obligó a irme del país y que me impiden tramitar mi pasaporte“, relató Wendy Quintero, periodista y activista del Colectivo.
“Nosotros queremos volver a Nicaragua. Queremos seguir ejerciendo la carrera, pero se nos ha negado esa posibilidad y desde el exilio hacemos lo que podemos, seguimos informando“, añadió.
El Colectivo confirmó las experiencias compartidas por los periodistas. Gonzalo Carrión, uno de 94 exiliados (que no eran presos políticos) desnacionalizados en 2023, fue también víctima de confiscación, pues al revocar su nacionalidad el régimen sandinista también usurpó las propiedades de todos los exiliados y desterrados, al no reconocer su derecho a la propiedad privada.
Carrión instó a los periodistas exiliados, de ser posible, a contar sus historias para dejar un registro la “realidad sin precedentes” en la historia de Nicaragua de estas desnacionalizaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Los periodistas apelaron a la solidaridad de la comunidad internacional para extender la nacionalidad y mitigar así las consecuencias de la apatridia de facto.
