Cuatro periodistas siguen bajo prisión política en Nicaragua
La detención más reciente contra un periodista ocurrió en León este 9 de febrero.
De izquierda a derecha: Leo Catalino Cárcamo, Fabiola Tercero, Irving Guerrero, Eslbeth D'anda; todos periodistas bajo prisión política en Nicaragua, bajo la dictadura sandinista. 10 de febrero, 2025.
El régimen sandinista encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo todavía mantiene a cuatro periodistas bajo prisión por motivos políticos, los cuales forman parte de un grupo de al menos 46 personas detenidas por la dictadura por motivos políticos. Al menos 12 de estos se encuentran en situación de desaparición forzada.
Los periodistas en cuestión son:
- Fabiola Tercero, detenida el 12 de julio de 2024, fecha desde la que se encuentra desaparecida. Tercero no fue liberada en el grupo de 135 presos políticos expulsado a Guatemala el 5 de septiembre de 2024;
- Elsbeth D’Anda, detenido el 27 de octubre de 2024 por emitir comentarios críticos en un programa cotidiano que realizaba;
- Leo Catalino Cárcamo, periodista retirado que el 22 de noviembre de 2024 fue capturado violentamente en la ciudad de León en el contexto de un operativo policial a gran escala iniciado en esa ciudad pero que vio secuelas en todo el país;
- Irving Guerrero, detenido el 9 de febrero de 2025 en la ciudad de León, donde laboró como corresponsal de Radio Corporación;
A Guerrero, el más reciente de los detenidos, se le estaría acusando de “portación ilegal de armas”, según publicaciones de lugareños en redes sociales. Según el periodista Aníbal Palacios, fueron los vecinos de Guerrero quienes lo denunciaron a la Policía, aunque el hecho no ha sido confirmado.
El sistema de Alertas Libertad de Prensa Nicaragua comunicó su detención y señaló que “quienes han denunciado su arresto sostienen que se trata de una represalia por su trabajo periodístico“, según se lee en su cuenta de Twitter (ahora X).
El régimen sandinista ha imputado delitos comunes falsamente a reos de consciencia para enmascarar las motivaciones políticas detrás de los arrestos.
Así ocurrió con algunos de los reos excarcelados a Guatemala en septiembre de 2024, como fue el caso de Gabriela Morales, acusada primero de “desacato al orden, menoscabo, terrorismo, ciberdelitos, daño al patrimonio nacional, exposición de la ciudadanía al peligro“.
Aunque resultó exonerada de esos delitos, el régimen la encontró culpable del delito de narcotráfico junto con las presas políticas Mayela Campos y Adela Espinoza, ambas igualmente excarceladas y expulsadas hacia Guatemala en el grupo de los 135.
“Las detenciones” comunicó Artur Romeu, director de la oficina de Reporteros sin Fronteras (RSF) para Hispanoamérica, en noviembre, “demuestran la escalada represiva contra el periodismo independiente en Nicaragua”, condenando la organización el hecho y haciendo “un llamado urgente a la comunidad internacional para que intensifique la presión sobre el régimen” de Nicaragua.
La misma organización ha exigido prueba de vida por la periodista Fabiola Tercero, un llamado al que se ha sumado también la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), parte de la demanda constante de la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua.
