En Nicaragua 1 de cada 5 detenidos por la dictadura está desaparecido
La desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad en el Derecho internacional.
En un análisis de los ciudadanos presos políticos del régimen sandinista en Nicaragua, la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) señaló un hecho alarmante: 1 de cada 5 individuos detenidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentra en situación de desaparición forzada.
Del total de 52 presos políticos contabilizados hasta la fecha, 10 se encuentran en situación de desaparición forzada. De quienes se conoce el paradero, en su mayoría se encuentran en las cárceles del régimen: La Modelo en Tipitapa en el caso de los varones y La Esperanza en Masaya, en caso de las mujeres.
En promedio, cada uno de estos detenidos ha pasado 1483 días detenido, lo que equivale a unos 4 años en prisión. Sólo 38 han sido condenados por algún delito, en procesos judiciales espurios, y otros dos todavía esperan una sentencia que bien podría no llegar.
“El encarcelamiento político no es solo una estadística. Es una herramienta de miedo. No se trata solo de encarcelamientos arbitrarios. Se trata de destruir toda disidencia, silenciar toda voz crítica”, detalló la UDJ.
Entre los detenidos se cuentan líderes indígenas, líderes estudiantiles, líderes religiosos, campesinos, periodistas y madres de familia. “Están presos por alzar la voz, defender derechos y ejercer ciudadanía“, declaró la organización.
La activista Yaritza Mairena, representante de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), expresó a República 18 “una profunda preocupación por el alarmante aumento de personas en condición de desaparición forzada en Nicaragua. Al menos 14 presos políticos se encuentran actualmente en paradero desconocido“, añadió.
La cifra varía debido a la misma condición de represión. En muchos casos, familiares y allegados de las víctimas, temiendo represalias en su contra por acudir a mecanismos de monitoreo tanto de presos políticos como de desaparecidos, deciden no presentar reportes.
“Esta práctica, sistemática y deliberada, representa una violación flagrante del derecho internacional y confirma el uso de la desaparición como herramienta de represión estatal“, insistió, resaltando que estas desapariciones son ejecutadas “sin notificación a familiares ni acceso a información sobre su estado de salud o situación jurídica”.
La UPPN sostiene que la desaparición forzada es una práctica inaceptable en la vida política nicaragüense.
En palabras de Mairena, se trata de “una estrategia de terror político implementada por el régimen de Ortega-Murillo, dirigida a silenciar toda forma de disidencia y a debilitar la resistencia ciudadana”. Destaca el caso del líder indígena, Brooklyn Rivera, desaparecido hace más de un año.
“La opacidad con la que el Estado actúa frente a estas detenciones refuerza la necesidad de una acción internacional inmediata, así como la activación de mecanismos de protección para los familiares, también víctimas de esta violencia estructural. Debemos promover sanciones y condenas específicas a quienes resulten responsables de estas graves violaciones y difundir los rostros y nombres de estas personas”, concluyó.
