Grupo de los 222 nicaragüenses desterrados en limbo migratorio por políticas de Trump
La administración Trump pausó los procesos de asilo para aquellos beneficiados con el programa de parole humanitario de la administración Biden.
El grupo de 222 presos políticos desterrados por el régimen sandinista el 9 de febrero de 2023.
Parte del grupo 222 presos políticos desterrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua se encuentra en un limbo migratorio en Estados Unidos luego de que la administración del presidente Donald Trump pausase los procesos de asilo político para individuos beneficiados con el Programa de Parole Humanitario.
El programa fue establecido por la administración del expresidente Joseph Biden en enero de 2023. Los presos políticos fueron expulsados de Nicaragua por el régimen sandinista en febrero de ese mismo año. Estados Unidos los recibió y la administración les extendió el parole, lo que les permitiría residir y trabajar durante dos años en territorio estadounidense.
En sus primeros días de mandato, a partir del 20 de enero, Trump revocó todas las órdenes ejecutivas de Biden, suspendiendo el beneficio de parole a nuevos solicitantes. Aunque esto no eliminó el parole de ninguno de los 222, sus dos años expiraron a principios de febrero.
Esto significa que, quienes no hayan regularizado su estatus o abierto un proceso de refugio se encuentran completamente desprotegidos ante la campaña de deportaciones masivas que la administración Trump puso en marcha no bien el mandatario republicano asumió el cargo.
Asimismo, la pausa de Trump a los procesos migratorios de beneficiarios de parole humanitario también aplica a procesos migratorios de regularización por petición familiar y otras modalidades, por lo que, de forma indefinida, se encuentran en un limbo migratorio.
Hablando para el medio estadounidense Miami Herald, algunos de los 222 expresaron sus preocupaciones semanas antes de expirar el parole que les ampraba. El intelectual y ex-aspirante presidencial, Juan Sebastián Chamorro, se lamentó por “los de nuestro grupo que no tienen casos de asilo y ahora no tienen protección”.
“Pero me preocupan aún más que llegaron aquí con parole humanitario y no pudieron pagar un abogado y ahora corren peligro de ser deportados“, añadió.
Aquellos que no optaron por solicitar refugio lo hicieron al verse incapaces de pagar los servicios legales necesarios para dicha solicitud, al haber el régimen sandinista confiscado todos sus bienes al momento de revocarles la nacionalidad nicaragüense tras la expulsión. Asimismo, otros se vieron amedrentados por la burocracia migratoria.
La administración Trump, por su parte, no se ha referido a su caso.
