47 personas continúan detenidas por razones políticas en Nicaragua
Según el Mecanismo, hasta diciembre de 2024 el número de personas privadas de libertad por motivos políticos era de 45, desde entonces, se han registrado dos nuevas incorporaciones, elevando la cifra a 47.
Entre diciembre y enero, la cifra de personas presas políticas ha alcanzado 47 casos.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua publicó un informe actualizado, que indica que al cierre de enero de 2025, un total de 47 personas continúan detenidas por motivos políticos, de las cuales 40 son hombres y 7 son mujeres.
De los detenidos 14 son adultos mayores lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad. Además, se detalla que 34 de las personas presas ya han sido condenadas mientras que otras 13 permanecen sin condena.
Según el documento, entre diciembre de 2024 y enero de 2025 se documentaron al menos 18 casos de detenciones arbitrarias en diversas regiones de Nicaragua. En ninguno de estos casos las familias fueron notificadas sobre la situación o el paradero de las personas detenidas. Además, las víctimas “no tuvieron acceso a abogados de confianza”.
Según el documento, el perfil de las personas presas políticas en Nicaragua se ha diversificado, mostrando cómo la represión del régimen alcanza a sectores que antes lo apoyaban. Indican que se han visto afectados indígenas que defienden sus territorios, miembros del clero católico, periodistas castigados por informar y hasta militares en retiro y trabajadores del Estado, indica el Mecanismo.
Violencia a la orden de cada arresto
Así mismo denuncian que estas detenciones arbitrarias estuvieron acompañadas de violencia, afectando incluso a menores de edad que se encontraban presentes durante los operativos, quienes fueron “víctimas de malos tratos por parte de la Policía Nacional”. Adicionalmente, las familias de las personas detenidas han sido objeto de vigilancia constante lo que “intensifica su aislamiento y vulnerabilidad”.
Según el Mecanismo, en el ámbito religioso, el régimen ha continuado su “hostigamiento contra la Iglesia Católica“. El informe documenta restricciones a procesiones y otras manifestaciones de fe además de la vigilancia y persecución de sacerdotes y congregaciones. Un caso destacado en este contexto fue la reciente expulsión de aproximadamente 30 monjas de la Orden de Santa Clara, conocidas como las “Clarisas”, en un acto que forma parte de la estrategia de “destierros forzados” que el gobierno ha implementado en los últimos años.
En cuanto a la sociedad civil, advierten que la represión no ha cesado. Indican que la cancelación de organizaciones no gubernamentales ha continuado de manera sistemática lo que ha dejado al país sin “cientos de entidades que ofrecían apoyo en derechos humanos, asistencia social y educación”.
El informe añade que desde 2018, el gobierno ha cerrado más de 3,500 ONGs, y en estos últimos meses de diciembre de 2024 y enero de 2025, “otras 50 organizaciones” han sido clausuradas.
Policía voluntaria genera mucha preocupación
Por otro lado, el mecanismo apunta que en el plano legislativo, el régimen ha impulsado reformas clave que consolidan su control.
“En enero de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que declara a Daniel Ortega y Rosario Murillo como copresidentes, extendiendo el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminando los escasos controles sobre el Ejecutivo. Este acto ha sido visto como una estrategia para garantizar la sucesión familiar y perpetuar el control total sobre las instituciones del Estado”, indican.
Además denunciaron la creación de la Policía Voluntaria, compuesta por “más de 1,400 civiles enmascarados”, lo que ha generado preocupación entre grupos de derechos humanos ya que existe el temor de que esta fuerza se utilice como un “grupo paramilitar leal al régimen”.
“Cientos de empleados públicos están siendo obligados a integrar esta fuerza, violando sus derechos humanos”, lo que pone en evidencia la utilización de la fuerza como herramienta de control político y social, enfatiza el Mecanismo.
El Mecanismo reiteró su denuncia ante la comunidad internacional y exigió la liberación inmediata de todas las personas presas políticas en Nicaragua, el cesede la represión y el respeto a los derechos humanos en el país.
