Comunidades indígenas son las más afectadas por deforestación

El régimen sandinista ha superado el nivel de deforestación presente durante la dictadura somocista, a pesar de tener menos superficie que explotar.

  • San José, Costa Rica
  • 9:08 am
  • Jun 7, 2024

La Reserva Natural Macizos de Peñas Blancas que comparten Nicaragua y Costa Rica. Foto: República 18

Houston Castillo / República 18
República 18

En sus 17 años de gobierno, el régimen sandinista de Daniel Ortega ha reducido, por medio de esquemas de corrupción y facilitando concesiones para la tala indiscriminada de los bosques de Nicaragua, una agresiva reducción de la superficie forestal del país, que a principios de siglo se ubicaba en un 42% y, para 2024, era apenas de un 24% del territorio nacional.

Los datos han sido recopilados y corroborados por entidades como el Proyecto de Reportaje contra la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés) y el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, ambos destacando cómo son las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense quienes han sufrido más las consecuencias.

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“Hay una relación casi simbiótica entre las comunidades indígenas y las reservas naturales”, dijo Amaru Ruiz, ambientalista de Fundación del Río, a República 18. “La pérdida de hábitat para la flora y la fauna conlleva pérdida de hábitat también para las comunidades indígenas y afrodescendientes“, agregó.

El régimen sandinista entregó, entre 2016 y 2020, un total de 99 permisos de extracción de recursos forestales, cubriendo un total de 32 metros cúbicos de volumen maderero, tan sólo en la Región Autónoma del Caribe Sur y el departamento de Río San Juan, afectando zonas protegidas sobre todo tras el paso de huracanes.

A nivel regional, “Nicaragua es uno de los países que más rápido deforesta”, apuntó Ruiz.

El panorama de Nicaragua podría cambiar drásticamente en las próximas décadas de continuar el ritmo voraz de deforestación. Esto traería consigo severos efectos ambientales. Foto: Houston Castillo | República 18

A nivel latinoamericano somos el segundo país con una tasa tan alta de pérdida de bosques. Dentro de esas afectaciones, hay un proceso de corrupción y centralización en la toma de decisiones que prioriza las consideraciones políticas en detrimento de las técnicas y de conservación“, expandió.

Más deforestación que con Somoza

La pérdida de bosques arreció tras el regreso del Frente Sandinista al poder en 2007, y sobre todo en el periodo 2015-2022, que registró una tasa de despale anual del 2.5%, acabando con 60 mil hectáreas de bosques protegidos.

“Lo que hemos visto es que ha habido un aumento en el proceso de deforestación que rondan entre 140 y 170 mil hectáreas anuales de deforestación en el país”, lo que dejaría a Nicaragua sin bosques en apenas unas décadas, destacó Ruiz.

De tal forma que el régimen supera los niveles de deforestación presentes durante la dictadura somocista (1937-1979), a pesar de que entonces la cobertura forestal era muy superior a los niveles actuales (rondando el 75% en 1969) y, por ende, pudo haberse consumido con mayor constancia.

La pérdida de los bosques en Nicaragua supondrían un golpe duro para la industria turística. Foto: Houston Castillo | República 18

Una Nicaragua sin bosques enfrenta severas consecuencias. La incapacidad de adoptar modelos sostenibles implicaría el colapso de la industria maderera a largo plazo. Ruiz explica que sin bosques en el país disminuirá la disponibilidad del agua potable de los principales afluentes hídricos del país y también hay consecuencias culturales.

“Los bosques en muchos países representan sitios turísticos y al no tener esas condiciones, esos servicios se pierden. Algo que ha pasado en los países que han perdido sus bosques, como Haití, es que se genera una mayor pobreza y peores condiciones sociales“, lamentó.

En Nicaragua aún persisten 71 reservas forestales públicas y alrededor de un centenar privadas. Sin embargo, muchas de ellas, sobre todo en el Caribe, se encuentran carcomidas por la expansión de la agricultura, la ganadería y la minería de manos de invasores que actúan a los márgenes de la ley, mientras el Estado se niega a escuchar los reclamos de sus habitantes originarios.