Nueva normativa de actividades culturales podría ahuyentar a artistas extranjeros

La nueva normativa introducida el pasado 12 de marzo por el Ministerio del Interior (MININT) del régimen sandinista para regular actividades culturales públicas se justifica en un supuesto mantenimiento el “orden interno del país”, pero las disposiciones contempladas parecen más enfocadas al control de las actividades en sí.

La normativa exige a las productoras, entre otras cosas, brindar información sobre toda actividad que planeen realizar en territorio nicaragüense, y a las productoras extranjeras exige detalles como números de audiencia, equipos a utilizarse, hora de inicio y final, identidad de los artistas involucrados y otros datos.

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A las productoras nacionales también se les exige presentar información detallada sobre la junta directiva de la organización, incluyendo direcciones, números de teléfono y otros datos de todos los miembros de la organización.

Toda esta información el MININT la recopila en un registro para luego decidir si autoriza o no la actividad en cuestión, que debe tramitarse siguiendo distintos protocolos dependiendo de si se trata de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera.

Los interesados en realizar cualquier actividad cultural pública están obligados a presentar, con 30 días de antelación, un permiso de la Policía Nacional, constancia de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua; registros de cumplimiento de las direcciones generales de Ingresos, Servicios Aduaneros, y Migración y Extranjería; y de la alcaldía correspondiente.

“El registro, cuando lo estime conveniente, podrá requerir documentos adicionales según sea pertinente“, agrega el texto de la normativa publicado en La Gaceta, diario oficial del gobierno de Nicaragua, y explícitamente se ordena a los organizadores “abstenerse de intervenir, financiar o promover cuestiones, actividades o temas de política interna y externa o actividades que generen como resultados proselitismo político“.

Ahuyenta productores

La nueva normativa, a primera vista, pretende controlar sobre todo conciertos, puesto que otra clase de actividades ya han sido sometidas a controles mediante normativas pre-existentes, como fue el caso del Festival Internacional de Poesía de Granada, permanentemente terminado con la cancelación de la fundación que lo coordinaba en mayo de 2022.

Un experto en comunicación enfocado en gestión cultural explicó a República 18, en condición de anonimato, que la normativa probablemente “no afectará” la llegada al país de artistas de gran renombre. “Los grandes actos tienen suficientes recursos. Tienen encargados y pueden contratar asesoría legal que sortee los trámites; sólo es otra molestia y en producción eso es común“, señaló.

La fuente considera que esos artistas “están acostumbrados a diferentes requisitos dependiendo de los países adonde vayan y no están tan conscientes porque no son preocupaciones del artista muchas veces, sino del equipo que contratan” y asegura que “el costo en tiempo, en relación a la cantidad de dinero que puedan obtener, será lo que defina si deciden si se embarcan a esa odisea” que supone la nueva normativa.

Artistas grandes, considera el experto, puede que no sientan la normativa, pero esta ahogará a artistas en ascenso. Foto: Cortesía

Sin embargo, artistas de menor renombre, así como actos nacionales sin el apoyo del régimen sandinista, tendrán muchas más dificultades para sortear la nueva burocracia. “No todos tienen el tiempo para tramitar solicitudes como estas y en Nicaragua todos sabemos cómo pueden ser las oficinas de gobierno, y esta normativa involucra bastantes pasos”, explicó.

“A lo mejor no todos están tan cómodos brindando información sobre cada persona en su organización, a lo mejor no tienen tiempo para recopilar esa información y deciden, mejor, simplemente no realizar el evento o buscar un espacio diferente. Eso perjudica a los artistas en ascenso y la llegada de actos nuevos al país; no todos van a querer tomarse esa molestia“, definió.

“Conociendo cómo se han comportado hacia la cultura, seguramente van a ser más laxos con algunos ‘amigos’ que tienen y con los actos que les ofrezcan mayor beneficio económico y de imagen, pero a quienes consideren ‘peligrosos’ por la clase de mensajes que promueven (algo que la normativa exige reportar) ni siquiera los van a dejar salir de primera base” imponiendo toda clase de trabas y obstáculos, agregó.

Desde que inició la crisis sociopolítica en 2018, al menos 81 iniciativas culturales han sido clausuradas junto a otras 3000 organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, artistas afines al régimen gozan de amplia presencia en actos oficiales del régimen sandinista.