Régimen no otorgará beneficios fiscales para ONGs que sobrevivieron embestida en Nicaragua
Aunque Murillo aseguró que las reformas van encaminadas a contribuir con el trabajo de las ONGs, el régimen sandinista ha sido responsable del cierre de más de 3600 organismos sin fines de lucro.
La nueva normativa para ONGs fue anunciada por Murillo en su alocución habitual del jueves, 15 de agosto.
No habrá “exoneraciones ni otros beneficios fiscales” para Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en Nicaragua bajo las nuevas medidas que regirán a estos organismos, anunciadas por la vocera y segunda al mando del régimen sandinista, Rosario Murillo, el pasado jueves, 15 de agosto.
Murillo comunicó su decisión este viernes por medio de una carta a nombre de la presidencia. En el texto mencionó que las reformas correspondientes serán presentadas ante la Asamblea Nacional, controlada por una mayoría casi absoluta del régimen sandinista, para su aprobación.
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La intención de Murillo es reformar el artículo 32 de la Ley de concertación tributaria, eliminando así las exoneraciones y beneficios fiscales para los organismos; el reglamento de la Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro, para formalizar el nuevo concepto de “alianzas de asociación”; y la Ley de agentes extranjeros para acoplarse a estos cambios.
Como anunció en un principio, los representantes de las ONGs con una propuesta de alianza de asociación deberán especificar ante el Ministerio del Interior (MININT) y la Cancillería el tipo de proyecto o programa a desarrollar, sus objetivos y fines específicos, el origen del financiamiento, el presupuesto y el tiempo de operación.
Bajo esta nueva normativa, queda a completa discreción del gobierno y de las entidades estatales la aprobación o rechazo de cualquier alianza de asociación.
Con estas reformas, asegura Murillo, el régimen continuará “contribuyendo al indispensable ordenamiento de nuestro diario caminar, con respeto y apego a las leyes nicaragüenses de parte de cualquier organismo registrado formalmente en nuestro país y en cumplimiento de las normativas que rigen su funcionamiento, y que proponga proyectos de interés para nuestra Nicaragua“.
Desde el inicio de la crisis sociopolítica con el alzamiento de abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó o propició la disolución de más de 3600 organizaciones no gubernamentales que suplían una variedad de servicios sociales, educativos, médicos y de desarrollo que el Estado era incapaz de suplir.
