Régimen extorsiona y humilla a ciudadanos para dejarlos regresar al país
Extorsión por miles de dólares y humillación exigiendo pedir “perdón” a Rosario Murillo son ahora necesarias para que muchos nicaragüenses puedan regresar a su país.
Rosario Murillo, "copresidenta" del régimen sandinista, habría sido la autora intelectual de este esquema de corrupción, extorsión y humillación.
El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría implementado una nueva modalidad de extorsión en contra de ciudadanos nicaragüenses en el extranjero: cobros que ascienden hasta los miles de dólares para permitir a determinados ciudadanos regresar al país.
El mecanismo consistiría en pagar miles de dólares el régimen y, a la vez, emitir una carta para pedirle perdón a las autoridades sandinistas por cualquier falta que pudieran haber cometido.
Así lo dio a conocer el diario La Prensa, que obtuvo información a través de fuentes mantenidas confidenciales por motivos de seguridad.
Según las indagaciones de este medio, Luis Cañas, viceministro del Ministerio del Interior (MININT), aplica esta práctica. Cañas es uno de los 54 individuos señalados de perpetrar crímenes de lesa humanidad en el más reciente informe del Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Pero las órdenes vendrían directamente de Rosario Murillo, “copresidenta” de Nicaragua junto a su esposo, Daniel Ortega. Las fuentes aseguran que Murillo coordina el proceso desde el MININT, el propio Frente Sandinista, la Policía Nacional y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).
Según La Prensa, tanto individuos de alto poder adquisitivo —empresarios, propietarios, negociantes, etc.— como ciudadanos comunes serían objeto de esta práctica que no puede ser definida de otra forma que extorsión.
El régimen sandinista he negado la entrada al país a sus ciudadanos en reiteradas ocasiones, a partir de 2021 y sobre todo a individuos ligados a movimientos de oposición. Sin embargo, desde finales de 2024 e inicios de 2025, hubo reportes de ciudadanos privados a quienes les negaban el ingreso sin tener afiliación política alguna.
Al negarles el retorno al país, el régimen estaría imponiendo sobre estos ciudadanos una apatridia de facto, lo que al entendimiento de la doctrina de derechos humanos a nivel internacional se considera un crimen de lesa humanidad.
El GHREN reporta, desde 2021 y hasta la fecha, al menos 259 casos de negativa del retorno al país, aunque muchas más pasan desapercibidas al no ser reportadas por temor a represalias. El GHREN detalló que la práctica recrudeció a partir de la expulsión a Estados Unidos y posterior revocación de la nacionalidad de 222 presos políticos en febrero de 2023.
