¿De quiénes depende la negociación del salario mínimo en Nicaragua?

Desde el 18 de enero, una mesa de instalada por el Ministerio del Trabajo (MITRAB) para la “negociación” del ajuste del salario mínimo este 2024 está “concertando” entre si aumentar los salarios un 13.5%, una propuesta de los sindicatos sandinistas encabezados por la Central Sandinista de Trabajadores (CST).

Además de la CST, en la “concertación” toma parte el sector privado, aglomerado en esta ocasión a partir de dos gremiales: el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) y la Asociación en pro del Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni), esta última ligada al gobierno sandinista de Daniel Ortega.

Lea además: El legado de resistencia y de valentía del líder empresarial y opositor Michael Healy

Luego de la cancelación de la personería jurídica de la anterior más importante del país, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) en 2023, el régimen sandinista apostó por Aprodesni y otras gremiales emergentes como sucedáneos para la ausencia de tan importante entidad en el sector privado nicaragüense, de modo que, tanto del lado sindical como del lado empresarial, la discusión por el salario mínimo está siendo dirigida por el gobierno sandinista.

Aprodesni propone un ajuste del 12.99%, mientras que las propuestas de otras gremiales menores en el sector privado y sindicatos en rubros concretos oscilan entre el 7% y hasta un 15% para actividades económicas selectas. Sin embargo, los medios oficialistas del régimen sandinista dan más peso a la propuesta de la CST antes descrita.

Sindicatos nominalmente independientes son en realidad frentes sandinistas, como es el caso de CGTEN-ANDEN, organización de trabajadores de educación pública dirigida por el diputado sandinista José Zepeda. El mayor sindicato no ostensiblemente bajo control sandinista es la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGTI).

ANDEN y la CST, de hecho, surgieron durante la primera dictadura sandinista y en las décadas del noventa e inicios de los 2000, el sindicalismo nicaragüense adoptó una postura beligerante en contra de las medidas de austeridad de los gobiernos liberales, defendiendo los avances logrados en el área de los derechos laborales.

Todo eso acabó con el regreso del Frente Sandinista, con un Daniel Ortega renovado, en el año 2007.  Personajes como Gustavo Porras, diputado y actual presidente de la Asamblea Nacional, fueron vitales en aplacar ese ímpetu para beneficio del Frente Sandinista.

El diálogo y el consenso

Previo a esta situación, el régimen sandinista había logrado, junto al ya extinto COSEP, un modelo de “diálogo y consenso” en el que no sólo la actividad sindical que caracterizó a los años ’90 e inicios de los 2000 cesó, sino que también la ley, sobre todo en asuntos fiscales, se amoldó para satisfacer las necesidades del sector privado.

Sólo la crisis sociopolítica pudo sacarlos a ambos de la cama. La postura que tomó el COSEP, al participar en cierres patronales como protesta contra el régimen sandinista, llevó al encarcelamiento de 7 miembros de la gremial en 2021, entre ellos su entonces presidente, el recientemente fallecido Michael Healy, y su expresidente, José Adán Aguerri.

Aún en esas circunstancias, el COSEP se negó a reconocer a los 222 reos despatriados en enero como presos políticos y “agradeció” la decisión del gobierno, que revocó su ciudadanía, derechos y propiedades luego de enviarlos por la fuerza a Estados Unidos en febrero de 2023.

En ambas situaciones, el asalariado queda a merced de los grandes entes, pero el nuevo estado implica mayor sumisión al partido, una táctica de centralización aplicaron primero a nivel político, eliminando a la oposición, y también a nivel económico, por medio de confiscaciones.