Gustavo Porras: de sindicalista a pieza clave de una dictadura para cercenar los derechos laborales

En un viejo perfil de diputado de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés, el médico, presume de haberse desempeñado como Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Salud y Coordinador Nacional del Frente Nacional de Trabajadores.

Ese mismo Porras ocupa, desde 2017, la presidencia de la Asamblea Nacional. Fue sancionado en junio de 2019 por los Estados Unidos y Canadá, lo que le valió su separación de las funciones de la presidencia en el Legislativo nicaragüense, al menos en papel.

Lo acusaron de “perseguir a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales” promulgando “leyes represivas, silencian a los medios de comunicación” en el contexto de la crisis sociopolítica de 2018. De las sanciones dijo sentirse “orgulloso“.

“Un voto a favor de la violencia”

El estallido de ese año bien podría atribuírsele, al menos en parte. Su cuantiosa influencia tanto en el Ministerio de Salud (MINSA) como en el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS); su presunta cercanía con la vicepresidente y vocera del gobierno, Rosario Murillo; y su amistad con el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, lo ubican demasiado cerca de la zona cero del estallido de las reformas a la seguridad social de 2018.

Esas reformas llevaron a miles de nicaragüenses a las calles a partir de abril de 2018, cuando la violencia estatal hizo arreciar a las protestas. También esa violencia tiene las marcas de Porras. Fueron su firma y su voz las que respaldaron, el 25 de mayo de 2018, un decreto de “rechazo a los tranques y la violencia”, una declaración incendiaria que criminalizaba a las protestas antigubernamentales.

“Se aprueba el decreto con 75 votos en contra de los tranques y de la violencia y 1 voto a favor de los tranques y de la violencia“, sentenció entonces Porras. El único diputado presente que se negó a validar esa moción, el representante indígena Brooklyn Rivera, es hoy preso político del sandinismo.

Casi un mes antes de esa declaración, el 29 de abril, se había constituido una cuestionada “Comisión de la verdad”, llamada “Comisión Porras” por la prensa independiente, para investigar los actos de violencia ocurridos ese año.

Un claro conflicto de intereses surgía: la mayoría de la violencia, incluyendo más de 500 asesinatos, fueron perpetrados por agentes al servicio del gobierno sandinista, como constatan organismos internacionales; pero la Comisión Porras fue conformada por, para y desde el sandinismo.

Mirna Cunningham, Cairo Amador, Adolfo Jarquín, Jaime López Lowery y Francisco Molina, los integrantes de la Comisión, eran todos cercanos al Frente Sandinista. Porras y la bancada sandinista, mayoritaria y pujante en la Asamblea Nacional, perpetuaron la Comisión hasta 2021, aunque pocos fuera del sandinismo la tomaban en cuenta.

El sindicalista empresario

Desde su adhesión a los sindicatos en los años ochenta, lo que, bajo la primera dictadura del Frente Sandinista, implicaba también adherirse al partido, Porras ha sido un fiel bulldog del partido de ultra-izquierda. Su periodo más movido fue, sin duda, el interregno liberal, los 16 años luego de que el sandinismo fuese repudiado en las urnas en 1990.

Cuando hubo falta agitar, agitó en contra de los gobiernos liberales y  cuando hubo falta apaciguar, cuando el caudillo Daniel Ortega regresó al poder en 2007 y Porras obtuvo, por su lealtad, una diputación que aún retiene, el sindicalista cumplió apaciguando al sindicalismo.

El diputado sandinista Gustavo Porras, junto a la pareja presidencial, en un acto partidario en la capital, celebrado en 2010. Foto: La Prensa.

En los 16 años de gobierno sandinista, no ha habido en el país levantamientos sindicales como los que azotaron a las presidencias de Violeta Chamorro (1990-1996), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2006), las famosas “asonadas” que mandaba Daniel Ortega, entonces líder de la oposición intentando a toda costa regresar a la presidencia.

Porras se había convertido en un rostro habitual de las asonadas. Lo llamaban sus críticos “desestabilizador” y entre el rugir de los morteros, las quemas de llantas en las calles, el vandalismo contra propiedad pública, los enfrentamientos y las amenazas, puede entenderse por qué.

Pero ese era otro Porras. Ahora, en su vejez (tiene 69 años), es más reconocido por ser jefe del departamento de medicina interna en la facultad de medicina de la filial de su alma máter en Managua, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). También es empresario farmacéutico, ligado a Universal Marketing Associates S.A. (Unimark), la cual provee medicinas al MINSA.

No hay certeza sobre el patrimonio de Porras y el asunto de las sanciones sólo dificulta más obtener un estimado, pero investigaciones independientes desvelaron que, entre 2016 y 2018, Unimark recibió 421 millones de córdobas del MINSA, equivalente al 22% del presupuesto de esa institución para la compra de medicinas en ese periodo.

“Los fusilan”

“Alguien que comete el delito de traición a la patria, en cuanto es sentenciado como traidor a la patria inherentemente pierde la nacionalidad nicaragüense, es lo menos”, dijo Porras durante el cierre de la XXXIX Legislatura de la Asamblea Nacional, el pasado 16 de diciembre.

Fue en esa misma sesión que presumió de la ‘misericordia’ del régimen sandinista contra sus presos políticos. A principios de este año, el 9 de febrero, 222 presos políticos fueron desterrados hacia Estados Unidos, perdiendo su nacionalidad nicaragüense por disposición de la Asamblea Nacional, que reformó la constitución con ese propósito.

Porras alza la mano a favor de revocarle la nacionalidad a 222 nicaragüenses, entonces presos políticos del régimen sandinista. Foto: El 19 Digital

Como presidente de la Asamblea Nacional, Porras estuvo a la cabeza de esa decisión. Él la justificó entonces como un castigo apropiado para los “traidores a la patria” sentenciados por el régimen, pero lo mismo fue aplicado a otras 94 personas sin que mediase juicio alguno.

“Seguro que somos antidemocráticos, que somos cualquier cosa, pero hay países, de esos muy democráticos, que los fusilan“, espetó el legislador.

En ese mismo discurso Porras resumió el papel de la Asamblea, y por extensión el suyo propio, en la represión sandinista: el cierre de 27 universidades (“de mentiras, de garaje”, las llamó Porras); la sustracción de atribuciones a la Corte Suprema de Justicia seguido de una purga ordenada por el Ejecutivo; la disolución de más de 3000 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la misma Cruz Roja; y, entre otras cosas, la reducción de las indemnizaciones por antigüedad de los trabajadores públicos, un golpe fuerte contra los derechos laborales.

“Simplemente cumplimos con la orientación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del presidente comandante Daniel Ortega, de la compañera Rosario Murillo y la del pueblo nicaragüense”, concluyó entonces Porras, el sindicalista.