¿Quién es la diputada nicaragüense acusada de traficar tierras en Bosawás e Indio Maíz?

El presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, compartió una carta firmada por Elida María Galeano Cornejo, diputada sandinista ante el Parlacen, como prueba de invasión a territorios indígenas

  • 5:30 pm
  • May 2, 2023
diputada señalada como traficante de tierras
República 18

Oriunda de Jinotega, Elida María Galeano Cornejo, diputada sandinista que figura entre la lista de “Mujeres Parlamentarias 2022-2023” del Parlamento Centroamericano (Parlacen), es identificada por líderes mayangnas como la funcionaria presuntamente traficante de tierras indígenas en las reservas Bosawás e Indio Maíz.

Galeno Cornejo, según información de la Asamblea Nacional, es fundadora de la Legión 15 de septiembre en 1981 y miembro del Frente Democrático Nicaragüense (FND). También la destacan como miembro del Ejército de la Resistencia Nicaragüense de 1980 al 1990, y firmante de la triple alianza y dirigente de la misma con la UNAC Y Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 1996, Asociación Resistencia Nicaragüense Israel Galeano, Comandante Franklin.

Desde 2002, es dirigente de la Convergencia Nacional.

El presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, compartió una carta enviada por indígenas mayangnas le enviaron como prueba para exponer como funciona el tráfico de influencia y corrupción en la invasión de colonos.

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“La diputada del Parlacen le pide al jefe de la Policía de Bonanza, Óscar Alemán el valioso apoyo para un colono”, dice Ruíz.

En una carta membretada con el logotipo de la Asociación Resistencia Nicaragüense, Israel Galeano, comandante Franklin (ARNIG), de la cual Galeano Cornejo es la dirigente, le solicita a Óscar Alemán “su valioso apoyo en el caso del Sr. José Alejandro Reyes Martínez, identificado con cédula 612-110185-00030, miembro afiliado de nuestra organización que se encuentra en la posesión de manera pacífica y cultivando la tierra, en el lugar conocido como San José de Waspuco, del Municipio de Bonanza, quienes constan con un aval de posesión emitido por el gobierno territorial mayangna Sauni As”.

“Actores políticos entran en el juego de permitir invasiones”

Ruiz, ambientalista, dijo a República 18 que la carta que le fue compartida como prueba, evidencia el patrón de quiénes están detrás del tráfico de tierra en territorios indígenas y afrodescendientes. “Ella ha sido reconocida en los procesos de documentación que hemos hecho en Bosawás e Indio Maíz, que la comandante chaparra los ha puesto ahí, que han gestionado con ella apropiarse de ahí porque ellos son desmovilizado de la resistencia”, indica.

Añade que de hecho en los procesos electorales cuando ella aspiraba a la diputación nacional del FSLN prometió que no iba a desalojar a los invasores.

Amaru Ruiz, de la Fundación Río. Foto República 18.

Lo que vemos es como está operando las invasiones y cómo algunos actores políticos entran en el juego de permitir esa invasión en los territorios indígenas”, sostiene el ambientalista.

A su vez, señala que la omisión del jefe policial, comisionado Alemán a las denuncias por ataques e invasión de colonos.

“Él es señalado como un funcionario que está vinculado al tráfico de tierra por la omisión al no dar seguimiento a las denuncias, por el vínculo político con las personas que se dedican a la venta ilegal de tierra”, insiste Ruiz.

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El lunes 24 de abril, Bernabé Palacios Hernández, de 44 años, guardabosques y autoridad religiosa en la zona Siwah Asang, en la comunidad de Alal, en el territorio mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua, fue asesinado por colonos armados cuando se encontraba en una parcela con su esposa e hijo.

Sobre el aval que hacen mención en la carta, el presidente de la Fundación del Río sostiene que de acuerdo a la Ley 445 “los territorios indígenas pueden hacer contrato de arrendamiento de alquiler dentro su propiedad, sin embargo, eso debería de ser con los propietarios vivientes, es decir, con las personas que estuvieron en esos territorios antes de dicha ley, entonces esta persona no cumple, ni con lo mencionado ni con el consentimiento de las comunidades”.

Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las Naciones Unidas, han pedido al régimen de Daniel Ortega que proteja a estas comunidades, pero contrario a ello, el oficialismo persigue a los indígenas.