¿Permitirá la dictadura al cardenal Leopoldo Brenes participar en el cónclave papal?
Brenes, cardenal y arzobispo de Managua, deberá viajar a Roma para tomar parte del nuevo Cónclave Papal. No es sabido si, teniendo en cuenta las relaciones con el régimen sandinista, podrá salir del país.
El cardenal Leopoldo Brenes oficia misa con la indumentaria episcopal.
La muerte del Papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia católica, este lunes, 21 de abril, abrirá un proceso para la selección del nuevo cabecilla de la institución en el que el Colegio Cardenalicio deberá escoger a uno de entre 138 cardenales para ocupar la Santa Sede y suceder al fallecido pontífice.
El arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, se encuentra entre los cardenales que deberá asistir al cónclave, pues a pesar de haber presentado su renuncia al cumplir los 75 años el 7 de marzo de 2024, más de un año después no recibió respuesta del Papa y permanece en funciones como cardenal de la Iglesia.
Brenes puede votar y hasta ser electo en el cónclave, pues no ha cumplido los 80 años que le impedirían tomar parte del proceso, vía el documento Ingravascentem aetatem del Papa Pablo VI de 1970. En el último cónclave papal, sostenido en 2013, sólo dos cardenales no asistieron.
Pero la situación es compleja. El Estado de Nicaragua persiste en su persecución contra la Iglesia católica, tanto a nivel clerical como laico. En el pasado, el régimen sandinista ha impedido la salida de clérigos católicos para asumir responsabilidades para con la Santa Sede, así como ha expulsado e impedido el ingreso de religiosos al país.
En octubre de 2023, el obispo de León, monseñor René Sócrates Sándigo, no asistió a la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, para el cual había sido designado representante por Nicaragua. Aunque no se conoció oficialmente la razón, Sándigo más tarde sería objeto de represión por parte de las fuerzas de seguridad sandinistas.
Brenes ha tenido una relación “prudencial” con el sandinismo, guardando silencio o emitiendo comentarios vagos, siempre evitando condenar directamente la represión. Esto, posiblemente, en reacción al encarcelamiento y posterior destierro de casi 50 sacerdotes y obispos encarcelados, luego expulsados, por pronunciarse en homilías u otros medios.
Quizá por ello, al presentar su renuncia, la “copresidenta” y vocera del régimen sandinista, Rosario Murillo, habló en tono conciliador, dando “gracias a Dios porque hemos venido dejando atrás los días de campanas y cristales rotos“, a la crisis sociopolítica de 2018, en la cual la Iglesia católica se posicionó tajantemente en contra de sus abusos contra la población civil.
Esa decisión habría roto un presunto acuerdo que el régimen sandinista habría sostenido con la Iglesia católica durante el primer mandato (2007-2011) de su esposo y “copresidente”, Daniel Ortega, pactado con el antecesor de Brenes, el arzobispo y cardenal emérito Miguel Obando y Bravo.
La ley migratoria en Nicaragua, tras una reforma a finales de 2024, afirma que es “decisión soberana del Estado de Nicaragua“, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, “autorizar o denegar el ingreso, revocar la permanencia, cancelar la residencia o la nacionalidad nicaragüense adquirida“.
De tal modo que el régimen tiene la capacidad de negarle a Brenes el derecho a salir del país para cumplir sus responsabilidades y también, en caso de permitir su salida, hay precedente para que el régimen le nieguen el retorno, contribuyendo a la decapitación de la jerarquía católica de Nicaragua perpetrada por el régimen sandinista.
