Una Iglesia decapitada: así fue el azote del sandinismo contra los católicos en 2024
Bajo el régimen sandinista, la Iglesia católica nicaragüense ha quedado prácticamente decapitada. Sus líderes, exiliados o acallados, navegan aguas turbulentas.
El cardenal Leopoldo Brenes instruye a un grupo de sacerdotes en la Parroquia Santa Marta. 28 de julio, 2024.
La Iglesia católica nicaragüense pasa por quizá su peor momento desde los estallidos de violencia anticlerical del siglo XIX. En el país sólo quedan cuatro obispos de los nueve que la estructura diocesana requiere. Y un cardenal en vías de retiro, a quien el papado no parece encontrarle sucesor, no habiéndolo relegado a diez meses de presentada la renuncia, augura el complejo panorama.
En 2024, el régimen sandinista arreció su guerra contra la Iglesia católica y dejó a un tercio de los municipios del país (51/153) sin los servicios espirituales de ningún sacerdote católico. Tras un año de constante persecución y presiones sostenidas, la Iglesia católica nicaragüense se encuentra al borde de la decapitación.
El año abrió con una expulsión masiva de religiosos: un grupo de 13 sacerdotes y otros 6 colaboradores de la Iglesia católica nicaragüense fueron expulsados hacia la Santa Sede en Roma. Entre ellos estaban los obispos Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa e Isidoro Mora de la de Siuna. Todos ellos habían sido presos políticos.
La raíz del conflicto data del estallido social de abril de 2018, cuando la jerarquía eclesiástica, congregada en la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN), se posicionó decididamente a favor de las demandas de la población ante la creciente represión sandinista. Álvarez lo vio de cerca y sufrió las agresiones junto a otros obispos desde entonces exiliados.
Antes de su destierro sufrió más de un año de cárcel, desde agosto de 2022, cuando fue secuestrado por agentes de la Policía Nacional tras un asedio prolongado en la sede episcopal de Matagalpa. Mora, por su parte, pasó menos de un mes detenido meramente por haber mencionado a la feligresía de la diócesis de Matagalpa que la CEN permanecía “unida en oración por monseñor Rolando Álvarez“.
En agosto, un grupo de 7 sacerdotes capturados en una serie de operativos policiales fue enviado a Roma por el régimen sandinista. Otros dos, los párrocos Leonel Balmaceda de Estelí y Denis Martínez de Matagalpa retenidos en esa misma oleada, se les sumaron días después. En aquellos operativos fue intervenida la diócesis de Matagalpa y dos laicas detenidas continúan en calidad de desaparecidas.
Sus casos no son excepciones, sino un patrón bien establecido. Al menos 245 religiosos, incluyendo a casi 50 sacerdotes tan sólo en 2024, han sido expulsados de Nicaragua por orden del régimen. El más reciente fue monseñor Carlos Herrera, presidente de la CEN, expulsado a mediados del noviembre.
Herrera sufrió la represalia simplemente por haber denunciado como “sacrílego” el sabotaje que el alcalde sandinista de Jinotega (asiento de su diócesis homónima) hizo contra una misa. El obispo no era sólo el titular episcopal de Jinotega y presidente de la CEN, sino que también había asumido un papel de liderazgo en las diócesis de Matagalpa y Estelí, encargadas a monseñor Álvarez antes de su exilio.
Y además de haber perseguido a la jerarquía, el régimen ha impedido que se ordenen nuevos sacerdotes.
Represión legal
A la vez, desde el Ministerio del Interior (MININT) y la Asamblea Nacional se ha perpetuado la cancelación de más de 1262 organizaciones religiosas”, en buena medida católicas o ligadas a la Iglesia católica, incluyendo medios de comunicación.
Trabajos independientes, como el informe Nicaragua: una Iglesia perseguida de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, han corroborado y sistematizado estos hechos a detalle.
Al igual que en 2023, prácticamente toda la actividad religiosa fue relegada al interior de los templos, frustrando a miles de nicaragüenses habituados a peregrinajes tradicionales. Tan sólo en Semana Santa las autoridades sandinistas impidieron unas 4800 procesiones y actividades religiosas en todo el país.
La aprobación en agosto de una reforma que derogó la exención tributaria de las organizaciones religiosas fue sólo una muestra de las presiones legales-administrativas impuestas en los últimos seis años. Ya desde mayo de 2023 más del 90% de las cuentas bancarias de la institución habían sido intervenidas en un caso espurio por supuesto “lavado de dinero”, según informes independientes.
Ante todo esto, la Iglesia ha guardado silencio, postura prudente según sus simpatizantes, negligente para sus críticos desde la oposición. El papa Francisco, cabeza de la Iglesia, a principios de diciembre hizo dos llamados para Nicaragua pidiendo “por la paz, la fraternidad y la concordia“, pero el régimen sandinista no parece interesado en volver a entablar un diálogo.
Los que quedan aún en el país navegan aguas turbulentas para llevar a sus fieles la instrucción y el sosiego espirituales al que juraron sus vidas. No sería la primera vez que los católicos se ocultan en las catacumbas.
