Ya suman 48 sacerdotes desterrados a Roma por el régimen de Ortega en 2024
La expulsión de sacerdotes se ha convertido en la táctica más utilizada del régimen para debilitar a la Iglesia católica.
Denis Martínez, formador de seminaristas, diócesis de Matagalpa; Leonel Balmaceda, párroco de La Trinidad, diócesis de Estelí.
Los sacerdotes Leonel Balmaceda, de la diócesis de Estelí, y Denis Martínez, de la diócesis de Matagalpa, fueron desterrados el sábado, 17 de agosto, por orden del régimen sandinista, quien los mantuvo detenidos en calidad de presos políticos desde el 10 y 11 de agosto. Los dos religiosos fueron enviados a Ciudad del Vaticano, según reportaron medios nacionales en base a informantes anónimos.
Otro sacerdote, Danny García, fue puesto en libertad ese mismo día, según divulgaron medios nacionales, pero hasta el momento no hay razón de dos laicas detenidas al mismo tiempo que Balmaceda por su papel como colaboradoras de la diócesis de Matagalpa.
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Se trata de Carmen Sáenz, abogada especializada en Derecho canónico que apoyaba a la Curia Episcopal de Matagalpa en procesos de nulidad matrimonial, y la administradora de Cáritas, Lesbia Gutiérrez, ambas en Matagalpa.
Con Balmaceda y Martínez ya suman 48 sacerdotes desterrados a la Santa Sede en lo que va del año, la mayoría en las últimas semanas. En total, desde el inicio de la crisis en 2018, el régimen ha expulsado del país a unos 245 religiosos, según la más reciente entrega del informe sobre la persecución religiosa, Nicaragua: una iglesia perseguida.
Martínez, además de su labor de apoyo en la diócesis de Matagalpa, era formador en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima de Managua. Su detención fue considerada sorpresiva por la feligresía considerando el bajo perfil que mantuvo desde hace años. Balmaceda, por su parte, servía en La Trinidad, Estelí.
Ambos sacerdotes laboraban en las diócesis bajo mando de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador de la diócesis de Estelí tras el retiro de monseñor Abelardo Mata en 2021. En agosto de 2022, Álvarez fue arrestado injustamente, condenado a más de 26 años de prisión por “traición a la patria” y finalmente desterrado en enero de 2024.
El régimen sandinista mantiene una postura hostil contra la Iglesia católica, atacando constantemente a la institución en todos los niveles. El 90% de las cuentas bancarias de la Iglesia están intervenidas, las procesiones y actividades religiosas públicas fueron prohibidas casi en su totalidad, y los sacerdotes temen criticar al régimen por sus abusos contra los derechos humanos.
