Régimen de Nicaragua se retira de la OIM y la OIT
Nicaragua se retira de la OIM y la OIT, ordenando el cierre inmediato de sus oficinas, en rechazo a señalamientos sobre violaciones a derechos laborales y migratorios, intensificando su aislamiento internacional
Valdrack Jaentschke, actual Canciller de Nicaragua es el encargado de firmar las notificaciones del régimen en asuntos diplomáticos.
La tarde de este viernes, mediante un comunicado firmado por Valdrack Jaentschke, el régimen de Daniel Ortega notificó su retiro de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ordenando cerrar operaciones de forma inmediata.
En el caso de la OIM, el régimen se refirió a la publicación del “Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024”, asegurando que contiene información “falsa, malintencionada e irresponsable”.
“Esta organización carece de visión y acciones para el abordaje serio de las causas estructurales de la Migración, utilizando un doble rasero en el tratamiento de los Estados, en detrimento del principio de Igualdad Soberana, lo cual Nicaragua no acepta y rechaza”, apunta una comunicación oficial.
Agregan que por esa razón con base en el Artículo 3 de la Constitución de la OIM, notifica su decisión soberana e irrevocable de retirarse de dicha Organización, y exige a la OIM el cierre de su Representación y Oficinas en Nicaragua a lo inmediato.
Se quejan de las “quejas”
En lo que refiere a la OIT, el régimen señaló los procesos de las denominadas “quejas” que se tramitan en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que se pretende abordar en la 353 Reunión de ese Consejo en marzo de 2025.
El régimen mencionó que “en estos recurrentes e indebidos procesos se evidencia la desnaturalización de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al actuar de manera politizada, prestándose a maniobras de desestabilización e injerencismo al conocer temas esencialmente políticos y propios de la Jurisdicción Interna de los Estados, actuando fuera del marco jurídico de la OIT, lo cual es dañino y lesiona la Soberanía Nacional de Nicaragua y la Autodeterminación de nuestro Pueblo”, dice la comunicación.
Insisten que las decisiones que ha venido tomando el Consejo de Administración de la OIT, son parcializadas, carecen de objetividad, basadas en información sesgada y en informes de Organismos que se han prestado “a las maniobras de quienes han atentado y continúan atentando contra la Paz y la tranquilidad y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes en contra del pueblo nicaragüense, causando además, destrucción y daños incuantificables a la economía nacional”.
Finalizan diciendo que toman la decisión soberana e irrevocable de retirarse de dicha Organización.
¿Qué es lo que ha ocurrido?
La OIT envió una misión tripartita de alto nivel para evaluar la situación de los derechos laborales en Nicaragua, específicamente en materia de libertad sindical y derechos de organización empresarial bajo el gobierno de Daniel Ortega.
La medida surge tras una queja presentada el 16 de junio de 2023 por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), que acusa al régimen nicaragüense de incumplir cuatro convenios clave sobre libertad sindical, negociación colectiva, discriminación laboral y consulta tripartita.
El Órgano Rector de la OIT ha expresado su preocupación por la falta de cooperación del Gobierno nicaragüense, que no ha respondido a las comunicaciones ni ha proporcionado la información solicitada. Si Nicaragua sigue sin cooperar, el caso podría escalar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La creación de una comisión de encuesta, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la OIT, es un proceso que podría tomar años, como ocurrió en 1987, cuando un caso similar tardó más de tres años en resolverse.Entre las razones de la queja se incluyen el control gubernamental sobre los sindicatos, la cancelación de la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la eliminación de más de 150 organizaciones empresariales por motivos políticos.
La OIT ha exigido al régimen que ponga fin a la persecución de sindicalistas y empresarios, pero hasta ahora el gobierno de Ortega ha ignorado estos llamados, lo que mantiene la presión internacional sobre Nicaragua.
