Nicaragua fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿qué buscan Ortega y Murillo?
Rosario Murillo llamó al Consejo como un organismo “colonialista” que “no cumple con la misión por la que fue creado”.
El Consejo de Derechos Humanos fue establecido en 2006 por voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Los abogados Yader Morazán y Alexa Zamora coinciden (por separado), en que a pesar de los esfuerzos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por evadir la justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua, siempre existirá una continua labor de documentación y seguimiento de la situación en el país a través de diversas instancias y acciones.
En su cuenta de X, el abogado Yader Morazán ha calificado como un “despropósito legal” el retiro de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, considerando que esta decisión “no invalida las responsabilidades, compromisos, datos ya documentados y la continuidad igación”.
Según Morazán, esta acción no es más que una “rabieta política”, un día después de que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) publicara un informe señalando al Ejército, la Policía y grupos paramilitares como responsables de violaciones a los derechos humanos, calificadas como crímenes de lesa humanidad, durante la represión de 2018.
A pesar de la retirada, el abogado resalta que “los compromisos y obligaciones de Nicaragua con el sistema de derechos humanos de la ONU permanecen latentes por varias razones fundamentales”.
Primero, explica que el Consejo de Derechos Humanos no es un tratado ni una organización de la cual un país pueda “retirarse” formalmente. Este es un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados, elegido por la Asamblea General de la ONU, en el que Nicaragua no tiene representación desde el periodo 2019-2021.
En segundo lugar, el abogado recuerda que Nicaragua, como Estado miembro de la ONU desde 1945, está vinculada a la Carta de la ONU, que establece la promoción y protección de los derechos humanos como uno de los propósitos fundamentales de la organización. Esta membresía implica una “responsabilidad continua de cooperar con los mecanismos de la ONU”, como el Examen Periódico Universal (EPU), que evalúa el desempeño en derechos humanos de todos los Estados miembros cada cuatro o cinco años.
Así mismo, Morazán subraya que Nicaragua ha ratificado múltiples tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura, cuyos compromisos son jurídicamente vinculantes. Estos tratados no se disuelven con una simple declaración de retiro del Consejo, y los Estados parte deben rendir cuentas ante los órganos de la ONU supervisores de estos compromisos.
Además sostiene que el informe del GHREN no dice nada nuevo respecto a lo que ya está documentado en la reforma constitucional. Con o sin la cooperación del gobierno nicaragüense, los expertos continuarán recopilando evidencia de servidores públicos, víctimas, exiliados y otras fuentes externas, apuntó.
Es incumplimiento a los estándares internacionales
Para la abogada y activista Alexa Zamora el régimen que gobierna el país, no se ha destacado por su respeto a los derechos humanos. Agregó que diversos mecanismos internacionales, como el Grupo de Expertos y algunos informes emitidos por la Alta Comisionada de la ONU, han documentado de manera reiterada la sistemática violación de los derechos humanos, que ha ido en aumento.
“Contrario a esto, el régimen ha adoptado una postura de desvincularse de manera sistemática de los órganos internacionales encargados de monitorear los derechos humanos. Una de las narrativas que había predominado desde 2018 era que el ejército no estaba involucrado en la represión. Sin embargo, estos nuevos hallazgos abren la posibilidad de iniciar procedimientos legales que podrían llevar a la sanción de esta represión sistemática”, expone.
Añade que aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o el Grupo de Expertos no son órganos que puedan castigar directamente estos actos, sus informes son herramientas clave para abrir nuevas vías jurisdiccionales.
Advirtió que el retiro de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos debería encender las alarmas, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, en la Comunidad Europea y en las instituciones financieras internacionales.
“Esto representa una nueva muestra del incumplimiento de los estándares internacionales y de los compromisos adquiridos en áreas que deberían ser evaluadas en cualquier proceso de préstamo o financiamiento hacia el régimen. Esto se da en el contexto de una resolución reciente emitida por la Unión Europea sobre el acuerdo de libre asociación, conocido como el ADA”, finalizó.
