Curia Episcopal de Matagalpa utilizada para actividades del INSS
SERMESA, la empresa del INSS, se apoderó del edificio de la curia de Matagalpa, confiscado por el régimen de Ortega en 2022, esta acción forma parte de una serie de expropiaciones a propiedades de la Iglesia Católica.
Edificio de la Curia de Matagalpa rotulado con el logo de SERMESA.
La empresa Servicios Médicos Especializados S.A. (SERMESA), encargada de gestionar las clínicas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se instaló en el edificio de la curia de Matagalpa, confiscado por el régimen de Ortega y Murillo desde el 4 de agosto de 2022. Esta acción se suma a otras propiedades de la Iglesia Católica, que incluyen universidades y centros religiosos, todas tomadas por el régimen en los últimos años.
Este edificio, era la residencia de monseñor Rolando Álvarez, el obispo encarcelado, desterrado y despojado de su nacionalidad nicaragüense a razón de su postura crítica y de denuncia de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Según información a la que se ha tenido acceso medios de comunicación independientes, entre agosto de 2024 y marzo de 2025, se han transferido al INSS alrededor de 113 propiedades confiscadas. El gobierno justifica estas transferencias como parte de su estrategia para fortalecer la seguridad social y ampliar la cobertura para trabajadores y sus familias.
SERMESA, aunque atiende a los afiliados al Seguro Social, también ofrece servicios privados a empresas y particulares. Esta empresa, antes conocida como Hospital Central Managua, fue adquirida por el INSS en 2018 por nueve millones de dólares y desde entonces ha expandido su control sobre varias clínicas privadas en el país.
Otro edificio confiscado a la Iglesia católica
En enero pasado se cononció que camiones de la Policía Sandinista y de la alcaldía estaban retirando bienes de la Curia Arzobispal
En múltiples oportunidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la escalada represiva del régimen Ortega-Murillo en contra de integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua y urge al Estado a cesar de inmediato estos actos.
La CIDH ha recordado que estos hechos forman parte de un contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial, declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y, en general, de actos de represión en contra de integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua, debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018 y su papel crítico para denunciar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis en el país.
