Régimen de Nicaragua continúa violando derechos sindicales en desacato de convenios internacionales
Una queja de junio de 2023 podría, a través de un proceso largo y complejo, sentar al régimen en el banquillo de los acusados de la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento de convenios laborales-sindicales.

Simpatizantes sandinistas de la Central Sindical UNE-FNT y otros respaldando la decisión del régimen sandinista de denunciar la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) en noviembre de 2021.
Una “misión tripartita de alto nivel” fue despachada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para revisar la situación de los derechos laborales, en particular los de asociación sindical y organización empresarial, bajo el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, según comunicó la institución el pasado martes, 5 de noviembre.
La decisión fue divulgada en el contexto de la CCCLII Reunión del Órgano Rector de la OIT llevada a cabo en distintas sesiones esta semana en Ginebra, Suiza. El origen de la misma proviene de una queja de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) que acusa al régimen sandinista de incumplir cuatro convenios vinculantes.
En el documento, el Órgano Rector “recordó las profundas preocupaciones expresadas” por dos comisiones evaluativas en su último examen sobre la situación de los derechos laborales en Nicaragua. Al mismo tiempo, “instó al Gobierno a que aborde las cuestiones planteadas en la queja (de la OIE) con carácter de urgencia“.
El Órgano Rector “deploró la falta de una participación significativa del Gobierno y el hecho de que no haya respondido a ninguna de las comunicaciones de la Oficina ni haya facilitado la información solicitada” y mandó que la información (solicitada desde la CCCL Reunión, en marzo de 2024) sea presentada lo antes posible.
Nuevas medidas serán adoptadas en la siguiente reunión de la OIT en marzo de 2025 de conformidad con el artículo 26 de la constitución del organismo. Dicho artículo permite “nombrar una comisión de encuesta encargada de estudiar la cuestión planteada e informar al respecto” en caso de que el gobierno involucrado no responda o la repuesta se juzgue insuficiente.
A partir de la informe de la comisión, esta formula una serie de recomendaciones “con respecto a las medidas que debieran adoptarse para dar satisfacción” al reclamante, “y a los plazos dentro de los cuales dichas medidas debieran adoptarse”, reza el artículo 28.
La queja
En última instancia, y de no cooperar Nicaragua en estos procedimientos (como ha ocurrido con otras misiones internacionales), la cuestión podría ser zanjada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, según lo estipula el artículo 27.
La organización de una comisión de encuesta es un proceso lento que podría tomar años. El único precedente en Nicaragua se remonta a 1987, originado de otra queja por incumplimiento de convenios sobre libertad sindical, y entonces tomó poco más de tres años que llegase al país.
La actual queja, formulada por la OIE, fue presentada el 16 de junio de 2023, cuando una carta enviada al Presidente de la CXI Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ali bin Samikh Al Marri, alegó la violación de parte de la dictadura en Nicaragua de los Convenios:
- sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87),
- sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98),
- sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y
- sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)
La carta fue firmada por once delegados titulares de Alemania, Reino Unido, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela, Uruguay, Japón y Kenya ante la OIE, así como por consejeros técnicos y delegados de Argentina, Chile, México y Nueva Zelanda.
La queja vendría a responder, entre otras cosas, al control que el régimen sandinista ejerce sobre la escena sindical en Nicaragua, a través de figuras como Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido líder sindical sandinista en la década del ’90, señalado de “neutralizar” a estas organizaciones desde el regreso al poder del sandinismo en 2007 y la posterior consolidación del poder.
También entrarían en juego la cancelación de la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la gremial empresarial más grande e importante del país, en marzo de 2023, y la extinción de otras 151 gremiales en agosto de 2024, en ambos casos por marcados motivos políticos.
Desde hace un año, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT ha instado al régimen a que “ponga fin inmediatamente a todos los actos de violencia, las amenazas, la persecución, la estigmatización, la intimidación o toda otra forma de agresión contra individuos u organizaciones en relación con el ejercicio tanto de actividades sindicales legítimas como de las actividades de las organizaciones de empleadores” en el país.
El régimen, sin embargo, hace oídos sordos a las exigencias internacionales.