Régimen no necesita proyectos externos para proteger el ambiente, señala experto

La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) ha decidido retener los fondos para Nicaragua del proyecto Bio-CLIMA, alrededor de 116 millones de dólares, hasta que el régimen de Daniel Ortega no se adhiera a las políticas y lineamientos de la organización.

El Fondo Verde funciona en el Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para ayudar a los países en vías de desarrollo a adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.

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El pasado 30 de junio, el Mecanismo Independiente de Rectificación (IRM, por sus siglas en inglés), recibió una queja en la cual se denunciaba que de ejecutarse, el proyecto FP146 “de acción integrada climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biósferas de Bosawás y Río San Juan” tendría consecuencias negativas para la población indígena y afrodescendiente del Caribe nicaragüense.

La queja, discutida durante la XXXVI Reunión del Fondo Verde el 13 de julio, se sustentó en “un contexto de conflicto violento, continuo y recurrente en algunas áreas que caen bajo el área de influencia del proyecto“, refiriéndose a los ataques de colonos contra comunidades indígenas motivados por la usurpación de sus tierras, una problemática no atendida y hasta incentivada por el Estado de Nicaragua.

Las condiciones concretas no fueron incluidas en el documento, pero las preocupaciones de derechos humanos que sí figuran en el texto dan una buena idea sobre las intenciones de esta medida disciplinaria.

No hay voluntad política

Pero para Amaru Ruiz, ambientalista y director de Fundación del Río, el régimen “no ha tenido la voluntad de cambiar los procesos de deforestación“, para lo cual “no tiene necesidad de ningún proyecto” como este. “Hay acciones sumamente importantes que se pueden realizar sin recursos externos; sólo se debe aplicar la ley vigente” expresó Ruiz.

Ruiz señala que el régimen tiene un plazo para “presentar” o “subsanar” el proceso de incumplimiento mientras se mantiene el congelamiento de los recursos.

“Hay cosas que tienen que volver a hacer para tratar de asegurar un nivel mínimo de cumplimiento”, un esfuerzo que requiere de mayor esfuerzo e inversión. “No se ha especificado el plazo” destacó Ruiz, pero extraoficialmente estima que se trata de un plazo de 120 días.

“Evidentemente hay una mala gestión ambiental. Todos los indicadores e índices ambientales han sufrido en el país, sobre todo el proceso de deforestación que vive el país y en particular en sus áreas protegidas” denunció Ruiz.

En los primeros cinco meses de este año se registraron casi dos mil incendios forestales y más de 36 mil incidentes de quema agrícola, los cuales Fundación del Río documentó en su mayoría como producto de las malas prácticas agrícolas y de la cacería furtiva.

Las áreas protegidas son las principales afectadas por esta negligencia y son también zonas de lucha entre colonos y los nativos que defienden sus tierras de su avanzada extractivista.