Costa Rica frena extradición y libera a perseguido político nicaragüense
Reynaldo Picado había sido acusado por una serie de delitos graves por parte de la dictadura sandinista, mismos por los que otro perseguido político fue extraditado en febrero de 2024.
Reynaldo Picado (izq.), perseguido político nicaragüense, junto a su abogado, Dáguer Hernández.
Reynaldo Picado, perseguido político y miembro del Movimiento Campesino Nicaragüense, fue puesto en libertad tras un fallo del Tribunal Administrativo Migratorio (TAM) luego de pasar más de dos años y medio detenido por supuestos crímenes de los que le acusaba el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, razón por la cual exigía su extradición.
Así lo dio a conocer el mismo Movimiento Campesino el pasado domingo, 25 de mayo, celebrando la decisión de las autoridades y el trabajo de Dáguer Hernández, abogado defensor de Picado; de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y de la Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles de Naciones Unidas, que intervinieron en el proceso.
Estos organismos habían elevado una petición y medidas cautelares “a fin de garantizar la vida e integridad física (del detenido)”, detalla el comunicado del Movimiento, alegando que “las autoridades costarricenses no valoraron la situación sociopolítica de Nicaragua, documentado por los diferentes organismos de derechos humanos sobre las graves violaciones” que ha cometido el régimen sandinista.
A Picado el régimen sandinista lo acusa de supuesta “fabricación, tráfico, tenencia y uso” de armas no autorizadas, secuestro y crimen organizado, así como del asesinato de varios oficiales de la Policía Nacional en un incidente ocurrido en octubre de 2022 en Río San Juan. La acusación también incluye a Douglas Pérez, también miembro del Movimiento Campesino, que fue extraditado el 16 de febrero de 2024.
Información obtenida extraoficialmente por el Movimiento Campesino sostiene que Pérez sufre torturas y tratos inhumanos en el Sistema Penitenciario Nicaragüense, como había sido temido, por lo que a raíz de aquella deportación los esfuerzos para mantener a Picado en Costa Rica adquirieron notoriedad, con apoyo de la comunidad nicaragüense organizada en el exilio.
“Este fallo constituye una derrota jurídica y política para la dictadura de Nicaragua y un importante precedente regional en defensa del derecho al asilo y la protección internacional”, dijo en un comunicado la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), una aglomeración de organizaciones políticas y activistas ligadas al esfuerzo opositor nicaragüense desde el exilio.
“Alertamos a la comunidad internacional sobre el uso fraudulento y manipulador que el régimen sandinista pretende hacer de herramientas como INTERPOL, tratados de extradición y convenios judiciales multilaterales para perseguir, amedrentar y capturar a quienes han alzado la voz desde el exilio o han sido parte activa de la resistencia cívica”, continuó.
El régimen sandinista tiene un amplio historial de crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura y tratos inhumanos, documentado exhaustivamente por organismos nacionales e internacionales, como en un informe importante del Grupo de expertos en derechos humanos para Nicaragua de la ONU publicado el pasado 3 de abril.
