Ejército de Nicaragua entrenó oficiales para infiltrarse en las protestas de 2018, según informe
El Ejército de Nicaragua implementó una campaña de reclutamiento masivo y un curso intensivo de 15 días para infiltrar a sus operadores y a civiles afines al régimen sandinista en las protestas pro-democracia en 2018.
Simpatizantes del Sandinismo marcharon en Managua, Nicaragua, para apoyar al presidente Daniel Ortega el sábado 7 de julio de 2018.
El Ejército de Nicaragua entrenó a oficiales y civiles para infiltrarse en las protestas antigubernamentales durante el estallido social de abril de 2018, según el más reciente informe del Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas, publicado este jueves, 3 de abril.
Se trató de un operativo coordinado a través de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, dirigida por Leonel José Gutiérrez López, y la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, liderada por Adolfo Joel Marenco Corea, iniciado en los primeros días del estallido social con el objetivo de determinar “quiénes eran los cabecillas de las manifestaciones” en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Para esta operación se emprendió una campaña de reclutamiento masivo. “Casi de un 80% de personal del ejército iban para ese órgano“, señaló una fuente, bajo confidencialidad por motivos de seguridad, al GHREN. A los nuevos reclutas les proporcionaban un curso intensivo de inteligencia y contrainteligencia durante 15 días, y les orientaban mezclarse entre la población.
“Los oficiales captados para inteligencia eran de todas las unidades y oficiales retirados. Los militares salían, se dejaban crecer la barba y el pelo para evitar ser identificados, andaban de civil y armados. También había civiles“, reveló la fuente.
Las actividades de infiltración se enmarcaron en un plan de seguridad denominado por el sandinismo Plan Montoya (nombrado así en honor al niño héroe de 14 años abatido en la Batalla de Namasigüe de 1907), diseñado originalmente “para la vigilancia fronteriza, y también para resguardar infraestructuras políticas y económicas clave, tales como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Asamblea Nacional y la Casa
Presidencial“, así como “hospitales, alcaldías municipales”, entre otras instituciones.
El plan empezó a reestructurarse con objetivos de defensa y mantenimiento del poder de Ortega y Murillo a principios de 2017, cuando , “algunos oficiales del ejército fueron convocados por la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia a una reunión que tenía como objetivo informarles que se estaba fraguando un ‘golpe suave’” de parte de organizaciones no gubernamentales, colectivos sociales y otras entidades de la sociedad civil. Los preparativos incluyeron “prácticas de tiro en polígonos militares, con personal civil y exmilitares“.
Asimismo, las labores de inteligencia del régimen sandinista no sólo se limitaron a las fuerzas armadas. Los hallazgos del GHREN apuntan a que el régimen sandinista también utilizaba otras estructuras estatales y recursos no estatales para su vigilancia, incluyendo la infiltración a través de reparadores de electricidad, la Dirección General de Vigilancia de Salud Pública del Ministerio de Salud (MINSA), entregadores de gas butano para uso doméstico, operarios y líneas telefónicos, e incluso vendedores ambulantes de comida.
Coordinación Ejército-Policía-Paramilitares
El GHREN ya había establecido la responsabilidad del Ejército de Nicaragua en la comisión de crímenes de lesa humanidad en su anterior informe del pasado 26 de febrero. Este informe establece además la coordinación que existió entre Ejército, Policía Nacional y estructuras partidarias armadas por ambos, los “policías voluntarios” o paramilitares institucionalizados por el régimen con sus reformas de principios de 2025.
El GHREN detalla que la Dirección de Información para la Defensa, dirigida por el general de brigada Boanerge Balladares Sandoval, “asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones” en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Leonel Gutiérrez, la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial de Adolfo Marenco, el Comando de Operaciones Especiales del Ejército del coronel Manuel Salvador Gaitán y la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) de Justo Pastor Urbina.
Según datos oficiales, el Ejército de Nicaragua cuenta con una fuerza de 10 mil efectivos. Su presupuesto para 2025 es de 11.2 millones de dólares, según datos del Ministerio de Hacienda. Foto: Cortesía
Los expertos tienen “motivos razonables para creer que Manuel Salvador Gaitán y Justo Pastor Urbina ordenaron el despliegue de francotiradores con rifles de precisión diseñados para disparos de largo alcance con gran exactitud” con el objetivo de “causar la muerte de las personas manifestantes, dado que su entrenamiento está orientado a abatir objetivos con precisión“.
Y concluyen que “la ubicación estratégica de estos efectivos indica el uso de tácticas de combate, en lugar de la aplicación de medidas de control de multitudes o tácticas policiales orientadas a reducir o contener la violencia“, señalando como responsables a las delegaciones militares en territorio nacional.
No querían dejar evidencia
Algunos de los militares identificados que ordenaron personalmente la participación de sus unidades en los esfuerzos represivos y la comisión de crímenes de lesa humanidad. Captura de Diagrama 2-1, mostrando responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales del Informe del GHREN, 3 de abril, 2025.
Algunos de los militares identificados que ordenaron personalmente la participación de sus unidades en los esfuerzos represivos y la comisión de crímenes de lesa humanidad. Captura de Diagrama 2-1, mostrando responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales del Informe del GHREN, 3 de abril, 2025.
Los oficiales de alto rango, listados en el informe por nombre, apellido y zona de responsabilidad, “ordenaron la participación de personal de sus unidades militares, en la represión del 2018, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno“.
La jefatura del Ejército de Nicaragua junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo en un acto partidario el 21 de febrero de 2025. Foto: Medios Oficialistas
Todo esto derivado de una orden presidencial, transmitida desde Daniel Ortega y Rosario Murillo, de forma textual durante una reunión el 20 de abril de 2018 en la sede del Estado Mayor en Managua. Sin embargo, “durante este período, se dejaron de emitir órdenes por escrito, y todas las instrucciones fueron transmitidas de manera verbal y directa, con el objetivo de no generar registros documentales“.
Las órdenes salían directamente de Daniel Ortega y/o Rosario Murillo, y llegaban al Ejército a través del jefe de la institución, Julio César Avilés. Como resultado, tan sólo entre 2018 y 2019 hubo más de 350 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad sandinistas, según datos de distintos organismos nacionales e internacionales replicados por el GHREN.
