También los sandinistas son víctimas de su propia dictadura, según CIDH
Nadie se salva. Según el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso los sandinistas serían víctimas de la dictadura de Ortega y Murillo.
Simpatizantes del Sandinismo en Managua, Nicaragua, marchando en apoyo del presidente Daniel Ortega el sábado 7 de julio de 2018.
También los militantes y colaboradores del Frente Sandinista han sido víctimas de detenciones arbitrarias, abusos laborales y violaciones a su libertad de expresión y movilización, entre otros derechos violentados, según los hallazgos del informe anual para 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El régimen de represión instaurado en el país” por Daniel Ortega y Rosario Murillo “se extendió más allá de las personas opositoras políticas o sus familias” afectando igualmente a “simpatizantes del gobierno o personas funcionarias y a la población en general“, señala la sección para Nicaragua, el capítulo IV, del documento.
Otras instancias ya habían reportado hallazgos similares. En varios informes de la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED) diagnosticando la situación de la libertad de prensa en el país, los periodistas oficialistas, de los medios controlados por la dictadura, figuran como víctimas de la represión sandinista.
El informe de la CIDH reitera la persistencia de “medidas que reforzarían el aparato represivo y la cooptación de todas las instituciones” diseñadas para “perpetuar el régimen totalitario de concentración del poder en la familia del presidente Daniel Ortega de cara a las elecciones programadas para el año 2026“.
Se refiere a las reformas consecutivas de varias leyes y, en última instancia, de la Constitución nicaragüense, entre finales de 2024 y principios de 2025. Y, citando al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, expresó que el gobierno de Ortega y Murillo ahora posee “un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación“.
“Estas modificaciones contravienen los principios fundamentales del Estado de derecho, la democracia representativa y la separación de poderes establecidos en la Carta Democrática Interamericana, por lo que formalizaron la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo“, insiste la CIDH.
Un escenario desolador
Desde el estallido social que dio pie a la crisis en abril de 2018, el sandinismo ha establecido un brutal régimen en Nicaragua, dejando un saldo desolador: más de 350 asesinatos, más de 2000 detenidos arbitrariamente, más de 2000 heridos y más de 450 despojados de su nacionalidad, varios de ellos condenados al destierro.
A esto se suma el desplazamiento forzado de más de 250 mil personas, violencia que ha ido acompañada de un desmantelamiento sistemático de la sociedad civil, con el cierre de más de 5000 de las 7200 organizaciones registradas antes de 2018, eliminando cualquier posibilidad de autonomía para nuevas organizaciones.
La represión se extiende a la Iglesia católica y otras expresiones religiosas, evidenciando la intención de controlar cualquier espacio de pensamiento o expresión disidente. La CIDH ha señalado con preocupación la reducción y alteración de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, así como la potestad del Ejecutivo para despojar arbitrariamente de la nacionalidad y confiscar bienes.
La toma de facto del Poder Judicial, la aprobación de nuevas leyes represivas, y la agudización de la represión durante las elecciones en el Caribe nicaragüense, completan un panorama de concentración de poder en el Ejecutivo, quebrantamiento del Estado de derecho y una impunidad generalizada por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2018.
Este cierre del espacio cívico y democrático se mantiene como uno de los escenarios más graves en la región.
