Régimen también vigila y amenaza a periodistas oficialistas
La persecución contra periodistas no sólo se limita a aquellos que laboran en medios independientes. Un reciente informe de la FLED apunta a presiones internas en medios oficialistas.
El más reciente monitoreo (abril-junio 2024) de la represión contra periodistas en Nicaragua de la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED) reveló que ni siquiera los periodistas de medios oficialistas están exentos de ser victimizados por el régimen de Daniel Ortega.
En el trabajo publicado este miércoles, 10 de julio, destacan testimonios anónimos de periodistas al servicio de medios sandinistas, evidenciando un aumento de control y supervisión de las líneas de comunicación con la población.
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“Se nos ha prohibido la apertura de líneas telefónicas, para que la ciudadanía exprese sus opiniones e inquietudes sobre cualquier temática; ahora la modalidad es enviar audios, los que son evaluados previamente“, señaló un periodista oficialista.
Por otro lado, tampoco se siente seguros. “En cualquier momento una patrulla llega a tu casa, te saca o te agarra en las calles y uno no sabe por qué“, señaló otro periodista, el cual había sido visitado por agentes de la Policía Nacional, apuntó el informe.
Otros hallazgos preocupantes
Esta última entrega del informe agregó al departamento de Granada a la lista de departamentos en los que la práctica periodística independiente no existe. Hasta el momento, además de en Granada, también en Carazo, Chontales, Jinotega, Madriz, Nueva Segovia y las dos Regiones Autónomas del Caribe está extinto el periodismo independiente.
En esos departamentos los únicos medios o son oficialistas, o se limitan a reportar sucesos y servicios sociales. En parte a esta problemática contribuye la dificultad de encontrar fuentes viva, que FLED también reconoce. Las fuentes que sí están dispuestas a hablar con los medios independientes prefieren no ahondar en temas que puedan interpretarse como desafíos al poder sandinista.
“En el país no existe información pública y los funcionarios de todas las instancias de la gestión estatal solo brindan datos e información con un enfoque propagandístico“, señala el informe.
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Los periodistas independientes deben balancearse entre su labor periodística y otros trabajos para llegar a fin de mes producto de una inestabilidad general en el gremio a su vez causada por la criminalización del periodismo y la consecuente dependencia de financiación de parte de organismos externos.
“En general los contratos o acuerdos laborales que logran obtener son de tiempos cortos que van de 3 a 6 meses… los honorarios que reciben por su labor son bajos y la mayoría no compensa el riesgo de ejercer la profesión, ni reconocen los estudios, experiencia y/o horas extras que realizan los comunicadores“, lamenta el documento.
“Los profesionales también han señalado sentirse inquietos por las dificultades para recibir honorarios, las altas comisiones bancarias y la imposibilidad de justificar sus ingresos con contratos estables para por ejemplo acceder a créditos”, agrega.
El informe además registró 34 ataques contra periodistas y medios independientes en el periodo estipulado. La mayoría se trató de ejemplos de discurso estigmatizante de parte de funcionarios y propagandistas afines al gobierno, pero también hubo al menos 10 agresiones físicas.