¿Cómo funciona la compleja red de vigilancia del régimen en Nicaragua y que la ONU develó?
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denuncia la participación de entidades como TELCOR, el Ejército y grupos progubernamentales en la persecución de opositores.
El régimen Ortega y Murillo junto a entidades como el Ejército del país han sometido a la ciudadanía crítica.
El más reciente Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, sobre Nicaragua señaló que el régimen de Ortega y Murillo ha intensificado sus métodos de control y represión en Nicaragua mediante una compleja red de vigilancia e inteligencia, que afecta gravemente las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos.
Según el documento, una de las principales herramientas de control es la red de Inteligencia Estatal, que está conformada por una serie de actores, entre ellos miembros del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), y grupos armados progubernamentales.
Advierten que esta red tiene como objetivo monitorear y recopilar información de forma sistemática, con un enfoque particular en la identificación y persecución de opositores al régimen. De igual modo, señalan que disponen de Centros de Cómputo Municipales establecidos en cada municipio del país con el fin de recolectar datos de la población.
Actores implicados en la vigilancia gubernamental en Nicaragua según la ONU. (Captura de pantalla)
“A través de estos centros, el gobierno tiene acceso a una cantidad significativa de información sobre los ciudadanos, facilitando el seguimiento y control de las actividades de la población”, exponen.
De igual manera, indican que los secretarios políticos de las instituciones públicas desempeñan un papel crucial al identificar a funcionarios públicos y otras personas de interés para “ser investigadas, alimentando constantemente la red de inteligencia del régimen y consolidando el control” sobre diversas esferas del gobierno y la sociedad.
Así mismo, exponen que un aspecto particularmente preocupante es el papel de TELCOR, que intercepta comunicaciones de manera ilegal y proporciona estos datos a la policía, violando los derechos de privacidad de los ciudadanos.
Son mecanismos de control social y físico
El politólogo y director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, considera que la vigilancia impuesta es un modelo híbrido entre las patrullas de autodefensa civil de Guatemala en los años ochenta, las milicias dentro del servicio militar patriótico en los ochenta con la Revolución Sandinista y los Comités de Defensa del Barrio de Cuba.
“Son mecanismos de control social y físico que fortalecen la estructura autoritaria. Hay que tener presente que Nicaragua no es una democracia, sino un sistema como el Talibán Tropical criollo, con sus propios modos, pero el control social y físico de la población es parte de toda una lógica de mantener a la población sumergida en una cultura de miedo, intimidación, vigilancia y sigilo, que les permite evitar que su captura por el Estado sea desviada frente a cualquier protesta social”, considera Orozco.
Añade que la respuesta a estas situaciones corresponde más al nivel de movilización interna en el país, con resistencias políticas internas, que con presión externa. La presión externa solo resulta cuando hay un movimiento de resistencia interna y en el exilio, mostrando que existe rechazo al sistema, destacó.
Para Orozco, la situación actual en el país ha dejado toda forma de oposición política en una imposibilidad, lo que requiere de otras formas de resistencia social frente a este tipo de dictaduras.
Informe establece responsabilidades
Por su parte, el abogado y activista Juan Diego Barberena, quien se encuentra en Ginebra en el contexto del Consejo de Derechos Humanos y el informe referido, plantea que uno de los temas claves en el documento es el establecimiento de responsabilidades mediante criterios objetivos, especialmente en lo que respecta a la participación del ejército y la coordinación institucional y no institucional, como los grupos de las unidades de victoria electoral, que son grupos partidarios con la participación de civiles.
Dijo además que lo que refleja el informe es una estructura organizada para cometer crímenes de lesa humanidad. “Algunas de estas entidades tienen funciones de vigilancia, mientras que otras son más represivas, coercitivas, y transgreden la libertad de las personas. Esto evidencia claramente el estado de criminalidad estatal en Nicaragua. Los grupos armados tienen una función coercitiva, mientras que las unidades de victoria electoral se encargan de la vigilancia y de pasar información a los grupos armados y a la policía, y viceversa”, señaló.
El diagráma número 9 hace énfasis en las formas de acoso gubernamental en contra de opositores y disidentes en Nicaragua. (Captura de pantalla)
Destacó que el documetno se está proponiendo que se condicione la asignación de fondos, no solo por razones políticas, sino por la situación de los derechos humanos en Nicaragua, dada la grave violación de estos derechos en el país.
“Es muy importante subrayar esto, ya que involucra no solo a Estados Unidos, sino también al Fondo Monetario Internacional, al Banco Centroamericano de Integración Económica, y a otras organizaciones encargadas de otorgar créditos a los estados. Estos créditos deben ser evaluados desde la perspectiva de los derechos humanos, no solo bajo parámetros técnicos o macroeconómicos. Hay un reto significativo en que estas recomendaciones sean cumplidas”, finalizó.
