Se cumplieron 2 años de la desnacionalización de 94 críticos del régimen de Daniel Ortega
El 15 de febrero de 2023, el régimen de Ortega y Murillo despojó de su nacionalidad a 94 opositores, confiscando sus bienes y acusándolos de traición. A pesar de esta violación a sus derechos humanos, los afectados mantienen su lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua, llamando a la unidad del pueblo.
La desnacionalización es una de las más perversas acciones del régimen de Daniel Ortega en contra de opositores y disidentes.
Este 15 de febrero se cumplieron 2 años desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de la nacionalidad nicaragüense a 94 personas, entre las cuales se encontraban reconocidos escritores, periodistas, religiosos y defensores de derechos humanos, acusándolos de traición a la patria.
Esta medida fue la segunda de su tipo en el transcurso de una semana, luego de que 222 presos políticos fueran liberados y expulsados del país, también perdiendo su nacionalidad.
Además de la desnacionalización, el régimen confiscó todos los bienes y propiedades de estas personas dentro de Nicaragua, asegurando que se trata de una supuesta deuda contraída con el Estado.
En un pronunciamiento publicado este año por 44 de las víctimas, señalan la acción de irregular y arbitraria. Relatan cómo, en una misma jornada, se presentó la acusación por la mañana y por la tarde ya se hacía pública una sentencia, la cual contenía penas inexistentes en la legislación nicaragüense.
Para ellos, este “zarpazo demencial” fue llevado al extremo del ridículo, describiendo lo sucedido como la firma de un pedazo de papel espurio que no tenía fundamento legal.
Piden unidad en el país
Aseguran que pesar de las dificultades que han enfrentado, los desnacionalizados han mantenido firme su compromiso con la lucha por la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua.
“Nuestras banderas y nuestro compromiso están intactos. Ante todo, mantenemos con firmeza la bandera de nuestra patria. La bandera azul y blanco. Nuestra cultura, nuestras raíces, nuestros suelos, bosques y yeguas, nuestro lenguaje popular, nuestra gastronomía, nuestros símbolos y nuestro pueblo humilde nos enorgullecen hoy más que nunca”, reza el documento.
Además reafirmar su compromiso con la lucha del país, hicieron un llamado a la unidad de todos los nicaragüenses para lograr el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales en el país.
Insisten en que no basta con mantener en alto las banderas, sino que es necesario dejar de lado las divisiones y mezquindades. Recordando que pronto se cumplirán siete años desde las protestas de abril, sofocadas brutalmente por el régimen, subrayan que es tiempo de sumar fuerzas y esfuerzos para acortar el camino hacia la libertad y la justicia, y lograr un cambio verdadero en Nicaragua.
Muerte civil
Alexa Zamora, una de las 94 personas despojadas de su nacionalidad en Nicaragua, explica que hace dos años fueron privados de su nacionalidad previo a haber sido juzgados y condenados en ausencia por traición a la patria.
Esta sentencia no solo implicó la pérdida de la nacionalidad, sino también “nuestra muerte civil y la privación del patrimonio que poseíamos dentro del país”.
Según Zamora, el régimen buscaba “neutralizar y callar nuestras voces” como disidentes que denunciaban las violaciones a los derechos humanos y la persecución política en Nicaragua.
Señala además que este hecho los dejó en una situación de indefensión: “nos encontramos sin un estado ante el cual reclamar nuestros derechos” y sin posibilidad de realizar trámites legales, como la renovación de documentación necesaria para residir en los países donde se exiliaron.
Además, agrega que “ser declarado apátrida por motivos políticos” los forzó a “iniciar trámites legales en un tercer país”, ya fuera una solicitud de refugio o la adopción de una nueva nacionalidad.
Aunque algunos recibieron nacionalidades, como la española, Alexa advierte que “muchos de nosotros tenemos títulos universitarios que no podemos convalidar” porque el Estado de Nicaragua les ha negado el acceso a los documentos apostillados necesarios.
Insistió que las dificultades añadidas para mujeres madres solteras, que “fueron borradas del registro civil”, lo que afecta el estatus legal de sus hijos en Nicaragua.
Sin embargo, concluye que pese a las adversidades, “esto no nos ha detenido en nuestro compromiso de seguir luchando por la libertad y la democracia en Nicaragua”.
