Régimen expulsa a sacerdote que administraba un convento en Chinandega
El sacerdote de origen mexicano habría sido expulsado la mañana de este martes, según denuncias a la prensa local.
El padre Buenfil, de origen mexicano, expulsado por el régimen sandinista.
El régimen sandinista de Daniel Ortega expulsó del país al sacerdote Ezequiel Buenfil, de origen mexicano, quien fungía como superior de los Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador, orden que administra el Convento San Juan Neumann en Chinandega, en el municipio de El Viejo.
El presbítero habría sido expulsado la mañana de este martes, 16 de enero, según una denuncia transmitida por el portal Darío Medios. El régimen sandinista no ha comunicado al respecto de la expulsión, como tampoco se ha pronunciado la Conferencia Episcopal Nicaragüense presidida por el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes.
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La expulsión ocurre dos días después de que el pasado 14 de enero el régimen expulsase también a un grupo de 19 religiosos que cumplían prisión por motivos políticos. En el grupo de obispos, sacerdotes y seminaristas que llegó al Vaticano se encontraba el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
Con la expulsión de Buenfil resulta evidente que la persecución ejecutada por el régimen sandinista en contra de la Iglesia católica y agravada en el último año persistirá en el país. A la fecha, el régimen sandinista ha expulsado a unos 171 religiosos y 76 religiosas, sumando el conteo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + con los destierros recientes.
Tales expulsiones son sólo una expresión de la represión. La investigadora Marta Patricia Molina ha identificado al menos 667 ataques contra la Iglesia católica desde que inició la crisis sociopolítica en 2018 en su informe Nicaragua: una Iglesia perseguida.
Asimismo, instituciones como el Departamento de Estado estadounidense y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de derechos humanos han documentado toda clase de agravios, como lo son las investigaciones arbitrarias, negación de servicios religiosos, amenazas de muerte, hurto de reliquias e irrupción ilegal en templos católicos.
