Nicaragua otra vez vivirá Semana Santa en represión
Por tercer año consecutivo, el régimen sandinista mantiene su cerco represor alrededor de la Iglesia católica, impidiendo las celebraciones tradicionales de millones de nicaragüenses.
Agentes de la Policía Nacional hacen guardia fuera de una iglesia. 2019.
Nicaragua se acerca a su tercer año bajo represión total de las festividades religiosas y Semana Santa, un tiempo de vital importancia para la vida de aquellos que profesan la fe católica, una vez más es limitada por orden del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según reportes en redes sociales y la abogada Martha Patricia Molina, investigadora a cargo del proyecto Nicaragua: una iglesia perseguida, todo indica que este año persistirá la doctrina de “intramuros”.
Desde la Semana Santa de 2023, prácticamente todas las celebraciones religiosas han sido relegadas a interiores de los templos, una ordenanza informal ejecutada por la Policía Nacional en violación a la libertad de culto y movilización.
Según ha indicado Molina a través de sus redes sociales, el Plan Verano 2025, un despliegue policial a nivel nacional de alrededor de 14 mil agentes, sirve también como una forma de perpetuar la represión.
Durante la Semana Santa de 2023, la primera que recibió trato tan represivo, el régimen sandinista encarceló a 1o personas por motivos políticos, incluyendo al periodista Víctor Ticay por la cobertura de una procesión tradicional en el poblado de Nandaime, Granada.
Ticay fue expulsado a Guatemala junto a otros 135 presos políticos por el régimen sandinista en septiembre de 2024, habiendo sufrido 17 meses de prisión injusta simplemente por realizar su trabajo.
Un esquema represivo
En 2024, el régimen fue más explícito, desplegando hasta 4 mil efectivos para la vigilancia permanente de los tempos católicos. Así fueron impedidas por lo menos 4800 actividades que usualmente tenían lugar en todo el país durante la Semana Santa.
Al mismo tiempo, organizó sus propias actividades, intentando desplazar a los templos que tradicionalmente son el punto de organización comunal para las mismas. Para 2025, el panorama se vislumbra peor, con reportes de amenazas armadas a sacerdotes.
Más allá de la Semana Santa, las prohibiciones persisten en el día a día. El régimen sandinista ha desterrado a más de 200 religiosos desde 2018, inicio de la actual crisis sociopolítica, incluyendo a 91 monjas, así como más de 50 sacerdotes, muchos de los cuales también sufrieron prisión política.
Entre 2023 y 2024, medidas de presión económica, como el congelamiento de cuentas bancarias y el cobro de impuestos se añadieron al esquema represivo.
Crucialmente, el régimen sandinista detuvo y/o desterró a varios jerarcas de la Iglesia, como los obispos de Matagalpa y Siuna, así como al presidente de la Conferencia Episcopal. De tal forma que la Iglesia está sobre-extendida, decapitada, apenas capaz de suplir las necesidades espirituales de su feligreses y las materiales de sus templos y personal.
El origen de esta represión es la postura crítica que varios miembros del clero asumieron durante el punto más violento del estallido social de abril de 2018, cuando el régimen cometió crímenes de lesa humanidad en contra de su propia población, según documentación de investigaciones nacionales e internacionales.
