Cuaresma llega a Nicaragua otra vez bajo represión contra la Iglesia católica
Feligreses católicos en las inmediaciones de la catedral de Managua.
La cuaresma previo a la Semana Santa de 2025 abre este Miércoles de Ceniza, 5 de marzo, y se extenderá hasta el Jueves Santo, el 17 de abril. Para muchos católicos se trata de un periodo de solemnidad y acato de mandatos religiosos, pero en Nicaragua a esto se le suma el flagelo de la represión sandinista.
La cuaresma (del latín, quadragesima) es un periodo de 40 días que sigue el cómputo pascual. Se trata de un periodo de penitencia en el que los católicos seguidores del rito latino deben guardar el ayuno de carne roja entre las edades de 14 y 59 años, con excepciones por motivos de salud.
Por tercera vez desde que las procesiones y actos religiosos en público fuesen suprimidos para la Semana Santa de 2023, una orden del régimen sandinista, los fieles católicos deberán permanecer a lo interno de los templos para las actividades otrora públicas y tradicionales si no han recibido expresa autorización de la jefatura policial.
En Nicaragua, la cuaresma se caracteriza por la celebración semanal de Viacrucis los días viernes en prácticamente todas las parroquias del país. Estas procesiones solían tener lugar en las vías principales de las comunidades, atrayendo a los feligreses que revivían el camino de Cristo en su Pasión.
Según el informe Nicaragua: una Iglesia perseguida al menos unas 11 763 procesiones fueron impedidas entre 2019 y 2024; “las autoridades policiales previamente advierten a los obispos y sacerdotes acerca del impedimento mediante llamadas telefónicas o visitas de cortesía“, detalla la última entrega.
Los Viacrucis fueron particularmente golpeados por este mandato, así como otras tradiciones religiosas, incluyendo peregrinajes en el último año.
El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene las peores relaciones con la Iglesia católica en la historia reciente del país a raíz de la postura crítica que la institución religiosa asumió desde la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018.
A consecuencia de esta represión, más de 45 sacerdotes, incluyendo dos obispos, han sido expulsados del país, la mayoría tras sufrir prisión política; medios de comunicación ligados a la Iglesia católica han sido cerrados, las cuentas bancarias de la institución congeladas, la imposición ilegal y sin precedentes de impuestos, entre otras medidas coercitivas.
